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Jurisprudencia:

Jurisprudencia Constitucional: La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-714 de 2003 decidió Declararse INHIBIDA para decidir en torno al Capítulo IV del Título IV de la ley 769 de 2002.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-23190 de 2008. “De lo anterior se concluye que solo los cuerpos especializados de tránsito tienen la facultad para expedir comparendos por infracciones a las normas de tránsito y los organismos de tránsito si existieren, o el alcalde municipal o su delegado en la materia, adelantan el trámite administrativo, que debe derivar o no en la imposición de la respectiva sanción, pero no pueden abrigarse la facultad de expedir comparendo”.

Artículo 136²⁷⁶. Modificado Artículo 24 Ley 1383 de 2010²⁷⁷, Modificado Artículo 205 del Decreto-Ley 019 de 2012. Reducción de la Multa. Una vez surtida la orden de comparendo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción, podrá, sin necesidad de otra actuación administrativa:

1. Modificado Artículo 118 Decreto-Ley 2106 de 2019. Cancelar el cincuenta por ciento (50%) del valor de la multa dentro de los cinco (5) días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito o en un Centro de Enseñanza Automovilística o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el RUNT. Si el curso se realiza ante un centro de enseñanza automovilística o en centro integral de atención, o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

2. Modificado Artículo 118 Decreto-Ley 2106 de 2019.  Cancelar el setenta y cinco por ciento (75%) del valor de la multa, si paga dentro de los veinte días siguientes a la orden de comparendo y siempre y cuando asista obligatoriamente a un curso sobre normas de tránsito en un Organismo de Tránsito, en un centro de enseñanza automovilística, o un Centro integral de atención debidamente registrados ante el RUNT. Si el curso se realiza ante un centro de enseñanza automovilística, o centro integral de atención o en un organismo de tránsito de diferente jurisdicción donde se cometió la infracción, a este se le cancelará un veinticinco por ciento (25%) del valor a pagar y el excedente se pagará al organismo de tránsito de la jurisdicción donde se cometió la infracción.

Jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia C-530 de 2003. ¨…el levantamiento de un comparendo no puede asimilarse a la imposición de la sanción pues, como ya fue anotado, el comparendo es una orden formal de notificación para que el presunto contraventor o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una infracción. Así, si se presenta ante la autoridad competente, puede ejercer su derecho a la defensa y el comparendo advierte la posibilidad de nombrar un apoderado. Siendo así, no son de recibo los cargos de la demanda sobre la violación del debido proceso, pues el infractor es informado de todas las posibilidades que tiene para afrontar la imputación”.

3. Si aceptada la infracción, ésta no se paga en las oportunidades antes indicadas, el inculpado deberá cancelar el cien por ciento (100%) del valor de la multa más sus correspondientes intereses moratorios.

Si el inculpado rechaza la comisión de la infracción, deberá comparecer ante el funcionario en audiencia pública para que éste decrete las pruebas conducentes que le sean solicitadas y las de oficio que considere útiles.

Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del comparendo, la autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados.

Texto del Editor:

Ha de analizarse el procedimiento que una autoridad de tránsito debe adelantar para imponer una sanción por infracción a las normas de tránsito en contra de un contraventor, debidamente notificado, que no comparece ante la autoridad de tránsito, en particular, sobre las formas de convocarle en las diferentes etapas y los instrumentos o herramientas que resultan legítimas para adelantar y agotar cada una de las actuaciones del procedimiento sancionatorio, con respeto de las garantías propias del debido proceso.

Para el efecto, inicialmente debe indicarse que, en materia administrativa sancionatoria, en abstracto, y tratándose de la imposición de medidas correctivas²⁷⁸, en concreto, la Corte Constitucional ha reiterado que el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa para la definición de las reglas de procedimiento que deberán observarse, en cuanto medio a través del cual materializar las garantías constitucionales propias del debido proceso²⁷⁹; margen que le corresponde igualmente para la configuración de las sanciones en estos entre otros asuntos²⁸⁰.

Siendo así, y no tratándose de un análisis de la constitucionalidad del procedimiento legislativamente establecido, al régimen legal habremos de limitarnos, aproximándonos directamente a la regulación especial que recibe el procedimiento sancionador dentro de la legislación de tránsito; sin perjuicio de la aplicación analógica del Código Contencioso Administrativo, Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de Procedimiento Civil, cuando resulte necesario en los términos del artículo 162 de la Ley 769 de 2002.

Con esta aproximación, en las consideraciones que se siguen, conviene inicialmente identificar las diferentes 1) etapas del procedimiento sancionatorio, estudiando enseguida las condiciones exigidas para la 2) convocatoria del presunto infractor a cada una de las actuaciones en las que ha de participar y, finalmente, considerar los 3) recursos a disposición de la administración para adelantar y agotar sus actuaciones; abordando cada una de ellas con la mayor o menor profundidad que reclaman en función de la pertinencia que les toca en la fundamentación de las respuestas a las inquietudes que dieron origen a la consulta y que se responderán en el último numeral.

1. Etapas del procedimiento sancionatorio

El Código Nacional de Tránsito Terrestre – CNTT (Ley 769 de 2002) establece en los artículos 135 y 136 las condiciones esenciales del procedimiento contravencional de tránsito. Dejando a un lado lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 136 ibidem, conforme el cual toda la actuación puede desarrollarse en un solo momento, “en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención”, en el procedimiento contravencional de tránsito se pueden distinguir cuatro fases que, estipulativamente y con fines explicativos, podemos denominar: a) la noticia de la infracción, b) el posicionamiento del infractor, c) el debate y d) la decisión.

1.1. Noticia de la infracción

La primera fase del proceso contravencional elegimos denominarla noticia de la infracción, en la medida que en ella, tanto la autoridad como el presunto infractor, reciben información que da cuenta de hechos presuntamente constitutivos de una infracción de tránsito. La información que recibe la autoridad de tránsito, una vez calificada por ella, reclama la elaboración de una orden de comparendo que da cuenta al presunto infractor de la falta que se le reprocha y de la orden, que con ella se le extiende, de comparecer ante la autoridad de tránsito.

Como noticia, el conocimiento de la infracción por parte de la autoridad de tránsito implica la detección – entendida como el acceso a cierta información que le permite considerar su presunta comisión –, así como la elaboración y notificación de ésta al presunto infractor, con la cual el mismo logra conocer que se le atribuye una falta y que se le ha exigido en consideración de ella comparecer ante la autoridad competente.

Si nos concentramos exclusivamente en el trámite contravencional de tránsito, considerando que éste inicia, aunque con base en acciones de control, a partir de la orden de comparendo²⁸¹, podemos limitar la fase de noticia de la infracción a dos momentos: i) la elaboración de una orden de comparendo por parte de una autoridad competente y ii) la notificación al presunto infractor. En todo caso, las actividades requeridas para el correcto desarrollo de esta fase, como pasa a exponerse, responden directamente a las diferentes formas en que puede la autoridad percatarse de los hechos que dan cuenta de la supuesta infracción, bien sea con la participación y presencia inmediata y directa de un agente en el lugar de los hechos, o bien que ocurra por medio de herramientas tecnológicas que permitan la detección con la participación mediata e indirecta de agentes de tránsito.

1.2 Elaboración de una orden de comparendo

Según distinguíamos previamente, el descubrimiento de la infracción puede ocurrir con la presencia de la autoridad de tránsito o captura de la infracción por medios técnicos o tecnológicos.

En caso de descubrimiento por la presencia de una autoridad de tránsito, la fase de detección y elaboración de la orden de comparendo sucede en el mismo tiempo y lugar donde ocurren los hechos. El agente o autoridad que constata la conducta irregular ordena detener la marcha del vehículo, recopila pruebas de la comisión de una supuesta infracción en caso de ser necesarias (fotos, video, reporte, examen de embriaguez) y elabora y suscribe la orden de comparendo respectiva, en la cual se pueda identificar plenamente al conductor y los aspectos de tiempo, modo y lugar de la conducta. En estos eventos también es posible que el agente ordene la inmovilización del vehículo, si ocurre alguna de las causales previstas para ello, como no utilización del casco de seguridad, emisión de gases contaminantes, no pagar peaje, entre otras.

En el evento de captura de la infracción por medios técnicos o tecnológicos, la fase de detección y elaboración de la orden de comparendo se agota en tiempos y lugares diferentes a donde ocurrieron los hechos. La herramienta tecnológica (como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura) identifica con precisión la ocurrencia de una infracción de tránsito y las placas del vehículo y/o conductor. Las herramientas de identificación pueden administrarse por una entidad privada o por la respectiva autoridad de tránsito pública. Si las gestiona una entidad privada, y comoquiera que dichas empresas no tienen competencia para emitir órdenes de comparendo, la empresa traslada la evidencia de la detección a un agente de tránsito competente para que la valide y evalúe si amerita la emisión de una orden de comparendo.

Si las herramientas, por el contrario, las administra directamente la autoridad de tránsito competente, los agentes autorizados validan las infracciones detectadas por medios tecnológicos y deciden sobre la emisión del comparendo. En ambos casos, el procedimiento llevará, lógicamente, a que no sea necesario que el agente de tránsito coincida en el tiempo y en el lugar donde ocurrieron los hechos o que la presencie físicamente.

Entonces, se tiene que dependiendo de la forma en que se capture la conducta irregular, ya sea de manera directa por un agente o indirecta por medios tecnológicos, la fase se desarrolla en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos o en otro diferente. Para iniciar el proceso contravencional en debida forma siempre tiene que mediar una orden de comparendo suscrita por una autoridad de tránsito competente, pues este elemento contiene la primera valoración de un agente sobre las evidencias de la posible comisión de una infracción. Sin la orden de comparendo debidamente diligenciada por la autoridad competente no se puede iniciar el proceso contravencional y no puede continuarse con la siguiente fase de notificación, pues no habría nada para notificar. 

1.3 Notificación de la orden de comparendo

El segundo momento de la fase de noticia de la infracción, según hemos propuesto la caracterización, es la de notificación de la orden de comparendo. Al igual que en la elaboración del comparendo, como primer momento de esta fase, el desarrollo de ésta depende de la forma en que se captura la supuesta infracción; por la presencia de una autoridad de tránsito o mediante herramientas tecnológicas.

La notificación cumple el objetivo fundamental de darle a conocer a la persona implicada del inicio de un proceso administrativo contravencional en su contra por la supuesta comisión de una infracción de tránsito, y desde ese instante empiezan a correr los términos para aceptar o rechazar la infracción.

Cuando la conducta irregular se detecta por la presencia de una autoridad de tránsito, la notificación de la orden de comparendo se hace directamente al implicado y se agota en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez se detecta la infracción y elabora el comparendo, el respectivo agente hace entrega de la orden de comparendo al presunto infractor y en ese instante se entiende surtida la notificación personal. La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente. La firma del testigo supone la misma implicación de la firma por parte del presunto infractor, en consecuencia, el comparendo se entiende notificado.

En caso de que la detección haya sido por medios tecnológicos, la notificación de la orden de comparendo se hace al propietario del vehículo y se surte en un tiempo y lugar diferente a donde ocurrieron los hechos. En los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, esta debe enviar por correo y/o correo electrónico copia del comparendo y sus soportes al propietario, o a la empresa a la cual se encuentra vinculado el vehículo si se trata de automotores de servicio público. Si no es posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo. Al propietario se le ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, para que ejerza su derecho a la defensa como se explicará más adelante. Vale resaltar que es responsabilidad de los propietarios actualizar la dirección de notificaciones en el RUNT, por lo que la notificación se entenderá surtida legalmente si en dicha base obra alguna ubicación física y/o electrónica.

Ahora, atendiendo el artículo 129 del CNTT, en todo caso, los ‘informes de tránsito’ por infracciones, que se completan a través de las órdenes de comparendo, deben notificarse al conductor, y si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación; lo cual implica, conforme la interpretación realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2003, que el propietario sólo será llamado a descargos cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción.

Así las cosas, está claro que la notificación es una etapa fundamental en el proceso contravencional de tránsito. Cuando la infracción se detecta por la presencia de una autoridad competente, la notificación personal del supuesto infractor se realiza en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos. Pero, cuando la conducta irregular se capta por medios tecnológicos, la notificación se hace al propietario del vehículo por correo y/o correo electrónico. Si a través del correo se logra dar a conocer la orden de comparendo, la notificación se entiende surtida, de lo contrario, se tiene que recurrir a los otros medios de notificación establecidos en el CPACA para los procedimientos administrativos sancionatorios.

1.4 Posicionamiento del infractor

Una vez surtida adecuadamente la notificación a la persona implicada, comienzan a correr los términos para que ésta se acoja alguna de las tres opciones que plantea el ordenamiento jurídico frente a la atribución de una presunta infracción notificada en la orden de comparendo, a saber: aceptación, rechazo o indiferencia.

Aceptación. Es la manifestación voluntaria del implicado de que efectivamente cometió la infracción que se le imputa, expresada mediante el pago de la multa que corresponde a la contravención. Si se acepta la infracción, la persona puede aspirar a que se le apliquen las reducciones consagradas en el artículo 136 del CNTT. Así mismo, la consecuencia principal de la aceptación es que se termina el proceso contravencional por la asunción de la responsabilidad y el pago de la multa.

Cabe indicar que cuando se demuestre que la orden de comparendo por infracción a las normas de tránsito detectada por sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos, no fue notificada o indebidamente notificada, los términos establecidos para la reducción de la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de la notificación del comparendo.

En este evento, la autoridad de tránsito competente declara la contravención a nombre de la persona que pagó y asistió al curso. Aquí es relevante indicar que cuando la infracción se detecta por la presencia de un agente de tránsito, la única persona que puede aceptar la infracción fue a quien le notificaron la orden de comparendo. Pero, cuando la conducta se captura por medios tecnológicos, es viable que la aceptación se realice por alguien diferente a quien le notificaron la orden de comparendo (propietario). Esto es así, porque de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 129 del CNTT “[l]as multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción”.

Rechazo. Es la manifestación del implicado de que rechaza la comisión de la infracción, expresada mediante la comparecencia a la autoridad de tránsito para rendir descargos y solicitar la audiencia de que trata el artículo 136 del CNTT. Si la infracción se detecta por la presencia de una autoridad de tránsito, el implicado puede rechazar la infracción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de comparendo. De otro lado, cuando la infracción se captura por medios tecnológicos, el implicado puede rechazar la infracción en los once (11) días siguientes a la notificación de la orden de comparendo. El efecto principal del rechazo de la infracción es que comienza la fase de contradicción del proceso contravencional y la autoridad procederá a fijar fecha y hora de realización de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. En caso de rechazo no procede ningún descuento en la multa.

Indiferencia. Es la decisión de no aceptar ni rechazar la infracción en los términos establecidos, a pesar de que se surtió debidamente la notificación de la orden de comparendo. Independientemente de la forma en que se detecta la conducta irregular, a los treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, el citado quedará vinculado al proceso, en cuyo caso se programará fecha y hora de celebración de la correspondiente audiencia, la cual se notificará por estrados.

En todo caso, La acción por contravención de las normas de tránsito caduca en un (1) año, contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. Durante este término se deberá decidir, en audiencia pública, sobre la imposición de la sanción, en tal momento se entenderá interrumpida la caducidad.

En suma, la tercera fase del proceso contravencional es el traslado de la orden de comparendo al presunto infractor. Frente a la misma, este puede tomar tres opciones: aceptar, rechazar o estar indiferente. Si acepta, puede pagar la multa con descuentos y se termina el proceso contravencional. Si rechaza, comienza una fase de contradicción de la imputación y se fija hora y fecha de audiencia para resolver la situación. Si es indiferente, el implicado queda vinculado al proceso y se fija fecha para audiencia de decisión, en la cual pueden sancionarlo o absolverlo.

Sí analizamos sistemáticamente lo dicho hasta ahora, tendríamos que decir que la notificación que se surte de la orden de comparendo, en los casos de indiferencia del infractor, es decir, cuando este no comparece sin justa causa, no puede decirse realizada para la celebración de la audiencia pública, en la medida que a la autoridad solo se le permite avanzar con el proceso “después de treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción”²⁸².

Podría pensarse, a partir de lo indicado en el inciso segundo y tercero del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, que no es éste el caso en los eventos en que el infractor efectivamente se presenta dentro del término requerido y rechaza la comisión de la infracción, considerando que podrían en aquel momento realizarse las audiencias de pruebas y fallo. Sin embargo, no fue esta la interpretación realizada por la Corte Constitucional²⁸³, la cual, por el contrario, atribuyó un carácter propio, e independiente de otras actuaciones, a esta actuación que denominó: audiencia de presentación del inculpado, y que describió en los siguientes términos:

“220. Audiencia de presentación del inculpado. La ley le otorga al citado el término de 5 días hábiles después de expedida la orden de comparendo para presentarse de manera presencial o mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, ante las autoridades de tránsito. Este término debe ser anunciado en la respectiva orden. En el caso de que el citado presunto infractor no se presente en el tiempo previsto, el Código Nacional de Tránsito concede un término de 30 días calendario después de ocurrida la presunta infracción, tras el cual la autoridad de tránsito podrá (i) continuar el proceso contravencional, en el cual se entenderá como vinculado al citado en la orden de comparendo; (ii) fallar en audiencia pública; y, (iii) notificar la decisión en estrados. Ahora bien, puede ocurrir que el citado presunto infractor comparezca, como puede ocurrir que no. En caso de presentarse, puede aceptar la comisión de la infracción y pagar la respectiva sanción, o, negar los hechos, evento en el cual, se tendrá que fijar fecha y hora para la audiencia pública. Es decir que, la presentación del citado tiene por objeto “su manifestación de aceptación o negación de los hechos que dieron lugar al su requerimiento y, en caso de ser necesario, poner fecha y hora para la celebración de audiencia pública”. Pero, en caso de que el citado no se presente ante la autoridad de tránsito respectiva “deberá asumir las consecuencias negativas que se deriven de su inobservancia, entre otras, que la multa será aumentada y que el proceso seguirá su curso hacia la celebración de la audiencia de fallo, y si es del caso, la imposición de la sanción correlativa a la infracción realizada”.(Negrillas propias)

Aunque la interpretación no es necesariamente evidente, como parecería reflejarse en el predominio del lenguaje descriptivo y la poca fundamentación que rodea al planteamiento de la Corte en el particular punto, considerando la fuerza práctica de sus pronunciamientos como argumentos en los procesos para la protección de los derechos fundamentales que tienen lugar a partir de la acción de tutela adelantadas por los infractores, es evidentemente recomendable acoger su planteamiento; el que, en todo caso, resulta igualmente razonable desde la perspectiva pragmática, considerando el hecho que la orden de comparendo permite la presentación en cualquier momento y hora dentro de los cinco (5) u (11) días siguientes, libertad que no se compadece de la mejor manera con la mediana programación que naturalmente pueden llegar a exigir las cargas de trabajo que conlleva la realización de las diferentes audiencias públicas que forman parte del procedimiento contravencional.

1.5 El debate

Para esta tercera fase del proceso contravencional, hemos optado por una denominación que no denote específicamente al principio contradictorio, por cuanto en ella queremos destacar una serie de actuaciones que no le agotan, en la medida que a él pertenecen igualmente otras que hemos clasificado en fases siguientes.

Con la restricción indicada, la fase de debate, si convencionalmente en el contexto que nos convoca se admite el término, naturalmente solo se surte en caso de rechazo o indiferencia frente a la orden de comparendo y estaría integrada por la audiencia pública de práctica de pruebas y la audiencia de alegatos.

El fin de la audiencia es garantizar el derecho al debido proceso de la persona inculpada, de tal forma que tenga un espacio para presentar descargos y controvertir las pruebas que obran en su contra y aportar o solicitar la práctica de nuevas pruebas. Este es igualmente el escenario para la práctica de las pruebas por parte de la autoridad competente.

A pesar de lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, que viabiliza en una única audiencia la práctica de pruebas y la adopción de la decisión, sea en dirección a sancionar o absolver al inculpado, nos vemos obligados a distinguir entre la audiencia de pruebas y alegatos y la audiencia de fallo con base en que la integración de ambas, desde su propia consagración, es una mera posibilidad y no necesidad.

Lo anterior, resulta en todo caso lógico considerando que la práctica de las pruebas puede así requerirlo; pero, sobre todo, atendiendo el hecho de que, a pesar de lo indicado en el inciso sexto del artículo 135 ibidem, conforme el cual “se decretarán o practicarán las pruebas que solicite”, a voces del inciso segundo del numeral 3 del artículo 136 ejusdem, solo se decretarán “las pruebas conducentes que le sean solicitadas”. Y es que si atendemos a esta posibilidad de que la autoridad opte por no decretar la práctica de las pruebas solicitadas, el auto en el que, en armonía con lo establecido en el inciso tercero del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011, se rechace de manera motivada, las pruebas inconducentes, las impertinentes y las superfluas,  será susceptible de los recursos de reposición, en armonía con lo indicado en el inciso segundo del artículo 142 de la Ley 769 de 2002, y del recurso de apelación en atención a lo indicado en el numeral 3 del artículo 321 del Código General del Proceso, en este último caso, a pesar de lo indicado en el inciso tercero del artículo 142 ejusdem. 

Es cierto que bien podría decirse en virtud de la última disposición señalada, que en contra del auto que niega la práctica de pruebas no procede recurso de apelación, en cuanto este se consagra en la materia solamente “contra las resoluciones que pongan fin a la primera instancia”, sin embargo, teniendo en cuenta la relevancia de las garantías del debido proceso y la taxatividad con la que se consagra la viabilidad del recurso de apelación contra los autos que niegan la práctica de pruebas en el Código General del Proceso, norma posterior y de aplicación analógica, nos inclinamos a considerar esta última como la norma especial aplicable al caso particular.

Se puede ver en estos casos, lo poco conveniente que en algunas ocasiones podrá resultar la realización de una única audiencia para el decreto y práctica de las pruebas y la adopción de la decisión sobre el asunto, concretamente en los contextos que revisten alguna complejidad, bien a partir de la práctica misma de las pruebas o a razón del debate que puede adelantarse en relación con las que consideran, infractor y autoridad, que deberán ser practicadas, así como en consideración de los recursos que pueden elevarse contra las decisiones adoptadas para definir esta cuestión.

En cualquier caso, la independencia de la audiencia de pruebas y alegatos respecto de aquella en la que corresponde realizar para pronunciar el fallo sobre el asunto, conceptualmente ya ha sido establecida en lo dicho, puntualmente en su consagración legal como una mera posibilidad. Así mismo ha sido planteada por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 321 de 2022, describiendo la que nos ocupa de la siguiente manera:

“221.       Audiencia de pruebas y alegatos. De acuerdo con lo expresado, cuando el citado comparece ante la autoridad administrativa en virtud de la orden de comparendo y niega los hechos, se debe fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y de alegatos. En esta, se le debe conceder al citado presunto infractor quien goza de la presunción de inocencia, la oportunidad de ejercer sus derechos fundamentales de audiencia, de defensa y contradicción y en tal virtud puede presentar sus argumentos, controvertir las pruebas que existan en su contra y solicitar pruebas. Además, la autoridad administrativa de la causa podrá decretar de oficio las pruebas pertinentes y conducentes y disponer el término para la práctica de las mismas y el recaudo del material probatorio.”

1.6 La decisión

La cuarta y última fase, según la clasificación que para los propósitos explicativos hemos formulado, es la fase de decisión. En ella se valora y decide sobre la imposición o no de la sanción.

Conforme lo dispone el inciso tercero del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, la decisión de absolver o sancionar al inculpado se adoptará en audiencia pública²⁸⁴ y se notificará en estrados.

De la audiencia y la decisión se levanta un acta en la que estaría contenido el acto administrativo sancionatorio o absolutorio, y contra el mismo proceden los recursos de reposición y apelación. La notificación de la decisión, independientemente de que el inculpado asista o no a la audiencia, se hace por estrados, salvo que la sanción se trate de suspensión o cancelación de la licencia de conducción, evento en el cual la decisión se notifica por los medios establecidos en el CPACA.

La Corte Constitucional, a través de la Sentencia C-321 de 2022 antes comentada, con relación a esta audiencia dentro del proceso contravencional de tránsito indicó:

“222.       Audiencia de fallo. Una vez practicadas las pruebas decretadas, la autoridad administrativa de la causa deberá “celebrar una nueva audiencia pública para, con base en la valoración del material probatorio recopilado en el proceso, dictar una resolución motivada sobre la responsabilidad contravencional del inculpado, imponiendo las sanciones a que haya lugar” de conformidad con lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito. En esta etapa, el citado presunto infractor podrá interponer los recursos procedentes, los cuales deberá formular y sustentar oralmente antes de finalizada la audiencia.”

2. Convocatoria del presunto infractor

De acuerdo con la descripción del procedimiento sancionador en materia de tránsito, realizada en el numeral anterior fundamentalmente a partir de los términos de su consagración legislativa, pero principalmente siguiendo la lectura del mismo realizada por la Corte Constitucional en la Sentencia C – 321 de 2022, podemos decir que éste se compone de tres actuaciones en las que está llamado a participar el presunto infractor: la audiencia de presentación del inculpado, la audiencia de pruebas y alegatos y la audiencia de fallo.

De las formas de convocar al inculpado a la audiencia de presentación, en la cual le corresponde pronunciarse sobre la aceptación o el rechazo de la infracción, ya hemos hablado en el literal ii. del literal a. del numeral 1. y a él remitimos. En todo caso, es oportuno recordar que el proceso contravencional siempre iniciará con la notificación personal del contraventor, en el caso que la imposición del comparendo sea realizada por un agente de tránsito, o por correo al propietario del vehículo, en el caso que el comparendo se imponga a través de medios técnicos o tecnológicos.

En el anterior contexto es preciso enfatizar que la orden de comparendo, conforme se indica sin vacilaciones en el propio artículo 135 de la Ley 769 de 2002, contiene inequívocamente la orden al infractor de “presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes”; por lo tanto, con ella misma y por disposición legislativa expresa, se le asigna la carga procesal de presentarse ante la autoridad de tránsito; lo que nos permite afirmar, en armonía con lo establecido en el inciso tercero del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, que notificado efectivamente de la orden de comparendo, se entenderá que el inculpado “queda vinculado” en debida forma al proceso sancionatorio por infracción a las normas de tránsito.

La vinculación al proceso ocurre así por la notificación de la orden de comparendo, la que deberá ocurrir en los términos exigidos legalmente y descritos en el párrafo anterior. Esta primera orden, exige acudir a la audiencia de presentación del infractor, definiendo plazos que confieren cierta flexibilidad al inculpado; flexibilidad que deberá ser correspondida por la autoridad, es decir, deberá ella recibirle una vez se presente, para que acepte o rechace la infracción.

Sí el presunto infractor no se presenta o al hacerlo rechaza la comisión de la infracción, la autoridad deberá fijar fecha y hora para la celebración de las audiencias siguientes, estas son: audiencia de pruebas y alegatos y audiencia de fallo.

Sobre las formas de notificación de la fecha y hora señaladas para el desarrollo de las audiencias en el proceso contravencional a quien no acata la orden de comparecer debidamente notificada, nada nos dice la Ley 769 de 2002²⁸⁵, por lo que es necesario el recurso a la analogía, conforme expresamente se indica en el artículo 162 de la misma, según arriba anotábamos. En ejercicio de ella, encontramos que no hay lugar a la aplicación del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto no se trata de un acto que ponga fin a una actuación, si no de la convocatoria efectuada para su realización; de manera que no se requerirá de notificación personal.

Podrían algunos pretender afirmar que atendiendo lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 769 de 2002, en armonía con el numeral 2 del artículo 67 y el artículo 202 de la Ley 1437 de 2011, que concuerdan con lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley 906 de 2004, la notificación de la fecha y hora de la audiencia de pruebas se notifica por estrados en la audiencia para la presentación del infractor, a pesar de su inasistencia. Pero no podemos compartir esta interpretación, por cuanto consideramos que dicha audiencia solo está llamada a realizarse en la medida que el presunto infractor se presente, y es que solo puede decirse su inasistencia por vencimiento del plazo, no por su efectiva ausencia en una audiencia efectivamente realizada. Así, frustrada la audiencia de presentación del infractor, al no realizarse, lo que corresponde es proceder, solo después de transcurridos treinta (30) días, con la audiencia de pruebas y de fallo o decisión.

Es por lo anterior que, respetando el orden señalado para el ejercicio de la analogía, encontramos que la forma de realizar la notificación del auto que fija fecha y hora para la realización de la audiencia se debe tener por regulada en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 372 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, conforme el cual, “El auto que señale fecha y hora para la audiencia se notificará por estado y no tendrá recursos”. La aplicación tiene lugar, además de las razones ya aducidas, considerando la especialidad de la norma, que a diferencia de las otras relacionadas, regula la notificación de los autos producidos por fuera de la audiencia.

De tal forma, atendiendo lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 769 de 2002, al inculpado que efectivamente asiste a la audiencia de presentación del infractor, se le notifica la fecha y hora de realización de las siguientes audiencias en estrado; en una lectura de la norma que armoniza con lo señalado en el numeral 2 del artículo 67 y en el artículo 202 de la Ley 1437 de 2011.

En los casos en que el inculpado no se presenta, encontrándose debidamente vinculado al procedimiento administrativo y vencido el plazo de que trata el inciso tercero del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, la notificación de la fecha y hora de la audiencia, que inmediatamente sigue, se notifica por estados, conforme lo señalado en el inciso segundo del numeral 3 del artículo 372 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso. Disposición que deviene aplicable por la remisión normativa realizada por el legislador en el artículo 162 de la Ley 769 de 2002.

De las decisiones que se produzcan en ella, incluida la citación a una nueva audiencia, si es que en el caso concreto se ha considerado necesario realizarla, atendiendo nuevamente lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley 769 de 2002, será notificada en estrado, aunque no haya concurrido el presunto infractor, según se establece expresamente en el artículo 202 de la Ley 1437 de 2011.

Ahora, por tratarse de una decisión que no “crea, modifica o extingue una situación jurídica concreta”²⁸⁶ sino que, por el contrario, “constituye una actuación intermedia […] que precede a la formación de la decisión administrativa que se plasma en el acto definitivo”²⁸⁷, el auto mediante el cual se realiza la fijación de fecha y hora para la realización de la audiencia, constituye un acto de trámite frente al cual, de acuerdo con el artículo 75 de la Ley 1437 de 2011²⁸⁸, no procede recurso alguno.

Sobre la distinción entre los actos administrativos definitivos y de trámite o también conocidos como preparatorios, el Consejo de Estado señaló lo siguiente:

“Los actos definitivos son aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto o hacen imposible continuar la actuación, tal como lo indica el artículo 43 del CPACA, por el contrario, son de trámite, preparatorios o accesorios los que se expiden como parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión o, en palabras de esta Corporación, los que “contienen decisiones administrativas necesarias para la formación del acto definitivo, pero por sí mismos no concluyen la actuación administrativa, salvo que, como lo prevé la norma, la decisión que se adopte impida que continúe tal actuación, caso en el cual se convierte en un acto administrativo definitivo porque le pone fin al proceso administrativo”²⁸⁹.

Lo dicho, sumado al hecho de que el presunto infractor de una norma de tránsito una vez notificado en debida forma, personalmente o por correo, de la orden de comparendo, se “entiende que queda vinculado” al proceso contravencional, permite asegurar que el auto que cita a audiencia, al ser de mero trámite, no requiere de notificación personal y, en analogía con lo dispuesto en el artículo 295 de la Ley 1564 de 2012, su notificación tienen lugar con la publicación en la página web o en la cartelera de la autoridad de tránsito, indicando la fecha y la hora en la que se llevará a cabo la audiencia pública, sin perjuicio del  cumplimiento de los demás elementos y las condiciones exigidas por la disposición indicada.   

De ahí que para cumplir lo establecido en el inciso 3º del numeral 3º del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, la autoridad de tránsito puede citar al inculpado a la primera audiencia pública a través de un auto como acto de mero trámite, dando así cumplimiento a la obligación que de manera general se establece en el inciso sexto del artículo 135 de la Ley 769 de 2002 y que exige la citación a cada una de las audiencias que forman parte del procedimiento contravencional.

La forma en que debe realizarse la notificación de la decisión finalmente adoptada sobre la imposición o no de la sanción, presenta la necesidad de consideraciones adicionales, pues podría pensarse que, tratándose de una decisión que pone fin a una actuación, debería notificarse personalmente en atención a lo indicado en el inciso primero del artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, ésta no es la analogía que corresponde, pues existe regulación propia en la normatividad de tránsito y, en los vacíos que en ésta identificamos, el artículo 67 ibídem no guarda una similitud equiparable a otras disposiciones de la misma Ley a la que pertenece.

En esta dirección, puede verse que de acuerdo con lo señalado en el ya tantas veces mencionado inciso tercero del numeral 3 del artículo 136 de la Ley 769 de 2002, el fallo se dicta en audiencia pública y se notifica en estrados. La discusión entonces se concreta en la forma de notificación que corresponde cuando el inculpado no asiste a la audiencia pública en que se profiere dicho fallo. Desde esta perspectiva, la similitud que nos permite la analogía no se encuentra en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011, sino en lo previsto en los artículo 202 y 203 de la misma disposición legal. Y entre ellas, atendiendo la interpretación del Consejo de Estado sobre la aplicación de estas disposiciones, exclusivamente respecto del artículo 202, conforme el cual, “Toda decisión que se adopte en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia se notificará en estrados y las partes se considerarán notificadas aunque no hayan concurrido”.  El artículo 203 de la Ley 1437 de 2011 solo tendría aplicación para los fallos escritos dictados por fuera de audiencia pública.  Así se pronunció el Consejo de Estado, indicando:

“Ahora bien, sobre la forma de notificar las sentencias dictadas dentro de audiencia se han observado dos posturas, que son las que se reflejan en el caso concreto.

a) La primera, que, aunque la sentencia se dicte en el curso de una audiencia, deberán cumplirse los formalismos del artículo 203 ib., puesto que esta es la norma especial para la notificación de las sentencias y en la misma no se previó que sólo se aplica a aquellas dictadas por escrito.

b) La segunda, que indica que el artículo 203 ib., solo está previsto para las sentencias que se profieran por escrito, es decir, las distintas a la contempladas en el inciso final del artículo 179 de la ley 1437 y, por lo tanto, en el caso de una sentencia que se emite en audiencia o diligencia, se debe dar aplicación al contenido del artículo 202 del mismo código.

Al respecto, la Subsección acoge la segunda postura por las siguientes razones:

(i) Porque es innecesario y contrario a la concentración y economía procesal surtir un trámite posterior de notificación electrónica de una sentencia cuando todas las partes han estado presentes en la audiencia. Ello, dado que la finalidad de la notificación es que las partes se enteren de las decisiones que toman en el proceso, lo que ocurre en la audiencia en forma directa e inmediata. Por ello el artículo 202, ib., precisa que “toda decisión que se adopte en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia se notificará en estrados”. Ello significa que incluye la notificación de las sentencias proferidas oralmente.

En efecto, aunque hubiese faltado alguna de las partes o sus apoderados a la diligencia, el artículo 202 expresamente señala que en este evento se consideran notificadas en estrados las decisiones adoptadas en el curso de la misma sin diferenciar entre autos y sentencias, por lo que se entiende que es la regla general de notificación en estos casos.

(ii) Aceptar la primera interpretación de notificación de la sentencia oral de conformidad con el artículo 203, ib., haría más confuso el sistema de cómputo de los términos de ejecutoria de la respectiva providencia, en caso de que se realizara en diferentes momentos a los sujetos procesales, sea por cuando algunos asisten a la diligencia y otros no lo hacen.

(iii) Igualmente, si se aplica aquella tesis (la del art. 203 ib.) implicaría que toda sentencia emitida en audiencia necesariamente deba constar por escrito, puesto que la norma ordena enviar el texto de la misma, lo que contraría la filosofía del juicio por audiencias, en cuanto señala que esta se emitirá oralmente y solo de manera excepcional constará por escrito – art. 183 ib.-.

(iii) Se desprende que esa fue la intención del legislador de lo que expresamente reguló posteriormente el CGP en su artículo 291 ordinal 1º inciso 2º, cuando indica que las “[…] entidades públicas se notificarán de las sentencias que se profieran por fuera de audiencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 203 de la Ley 1437 de 2011. De las que se profieran en audiencia se notificarán en estrados. […]” (negrillas fuera de texto)

En síntesis, para la Subsección B no existe duda alguna que quien no concurre a las audiencias, asume la carga de enterarse de las decisiones que allí se adopten así como de hacer uso de los recursos de manera oportuna en caso de existir aún la oportunidad para ello, pues de acuerdo a lo dispuesto en artículo 202 de la Ley 1437 de 2011, la notificación en estrados procede incluso cuando no asisten las partes.

Por tanto, contrario a lo indicado por la parte actora, las normas que regulan la notificación de las providencias en el CPACA que se dictan en audiencia pública o en el transcurso de una diligencia – incluidas las sentencias -, se surte en estrados según el artículo 202-. Ahora bien, las sentencias que profiere el juez por fuera de audiencia por ser escritas, se notifican de conformidad con el artículo 203 de la Ley 1437”²⁹⁰. Énfasis forma parte del texto original

Más allá de la fuerza que pueda tener o no el precedente, compartimos el planteamiento por la convicción propia que acompaña a la argumentación elaborada.

3. Recursos a disposición de la administración para adelantar y agotar sus actuaciones

Sobre las formas o instrumentos que pueden emplearse para adelantar los diferentes actuaciones que forman parte del procedimiento administrativo sancionatorio en materia de tránsito, debe señalarse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 769 de 2002,  viene exigido a la autoridad proporcionar facilidades al presunto infractor y, para el efecto, se le reclama adoptar “…las medidas requeridas para que los usuarios de los servicios puedan cumplir con las obligaciones que les correspondan desde cualquier otro lugar en que se encuentre, cuando ello fuere procedente”. (énfasis propio)

En concordancia con lo anterior, encontramos que el capítulo IV del Título III de la Ley 1437 de 2011, relacionado con el procedimiento administrativo en general y de aplicación analógica, desarrolla lo relativo a la utilización de medios electrónicos en el procedimiento administrativo. El artículo 53 de esta norma particularmente señala que los “procedimientos y trámites administrativos podrán realizarse a través de medios electrónicos [,pero que,] para garantizar la igualdad de acceso a la administración, la autoridad deberá asegurar mecanismos suficientes y adecuados de acceso gratuito a los medios electrónicos, o permitir el uso alternativo de otros procedimientos”.

Por su parte, el artículo 55 de la referida norma establece que “los documentos públicos autorizados o suscritos por medios electrónicos tienen la validez y fuerza probatoria que le confieren a los mismos las disposiciones del Código de Procedimiento Civil” y su artículo 57 autoriza a las autoridades administrativas a emitir actos administrativos por medios electrónicos. La literalidad de la norma señala lo siguiente:

“ACTO ADMINISTRATIVO ELECTRÓNICO. Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medios electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley.” (Subrayado fuera de texto).

Dicho lo anterior, si la norma permite que la administración profiera actos administrativos electrónicos tiene sentido entonces que permita también que su trámite pueda ser electrónico y así, efectivamente lo hace. En este sentido, podemos advertir que el legislador consideró la opción de que la administración maneje un expediente electrónico (art. 59), tenga una sede electrónica (art. 60), pueda recepcionar documentos electrónicos (art. 61) y que exista una prueba de recepción y envío de mensajes de datos (art. 62); inclusive, pueda realizar sesiones virtuales (art. 63). 

Estas disposiciones, que inicialmente están encaminadas a materializar los principios de eficacia y economía en el ejercicio de la administración pública, resultan a su vez indispensables dentro de los esfuerzos para dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo 164 de la Ley 769 de 2002, que según arriba se señalaba, exige a la autoridad implementar medidas que le permitan a los usuarios comparecer desde cualquier lugar, conforme se lee igualmente en el inciso quinto del numeral 3 del artículo 136, que nos obligan conclusiones que pueden igualmente extraerse de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 137 ibídem.

La Corte Constitucional, en la Sentencia C-980 de 2010, tuvo igualmente la oportunidad de pronunciarse al respecto en la específica materia y allí, donde realizó el análisis de constitucionalidad del inciso 5º del Artículo 135 de la Ley 769 de 2002, modificado por la Ley 1383 del 2010, indicó:

¨…no sobra resaltar que la Jurisprudencia Constitucional ha avalado la incorporación de los medios tecnológicos en el funcionamiento institucional del Estado Colombiano, en el entendido que los mismos contribuyen no solo a la modernización y sistematización de sus trámites y funciones, sino también a mejorar la calidad de vida de la comunidad, ofreciendo un acceso efectivo y más equitativo a los servicios que le corresponde prestar a las autoridades públicas en los distintos escenarios de acción…”.

Estas disposiciones y planteamientos no resultan atípicos si consideramos que el numeral 11 del artículo 3 de la referida Ley 1437 señala que “las autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa”. Y es que, nótese igualmente que, sobre el principio de economía, esta norma impone a las autoridades el deber de “proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas”. Mucho menos si consideramos el artículo 7 de la Ley 2213 de 2022.

Las disposiciones y antecedentes atrás referidos hacen evidente la viabilidad de la implementación de nuevas tecnologías en el marco del control de la comisión de infracciones de tránsito por parte de los ciudadanos y en las actuaciones que corresponde adelantar dentro del procedimiento administrativo sancionatorio.

Nótese incluso que en relación con la adopción de decisiones a través de la inteligencia artificial, recientemente, en la sentencia T-323 de 2024, la Corte Constitucional estudió el caso de un niño que exigía, a través de la acción de tutela, un tratamiento médico integral respecto a su diagnóstico, incluido el transporte de él y su acompañante para las valoraciones. La Corte confirmó las decisiones de instancia que concedieron el amparo y adicionó un par de órdenes. Además, después de advertir que uno de los jueces constitucionales había hecho uso de la inteligencia artificia IA para sustentar su fallo de tutela, profirió el siguiente exhorto:

“EXHORTAR a los jueces de la República para que evalúen el adecuado uso de la herramienta tecnológica ChatGPT y otras análogas o que se desarrollen en el ámbito de la inteligencia artificial IA, valoren y consideren las mejores prácticas, y apliquen criterios éticos y de respeto a los mandatos superiores, en orden a garantizar los derechos fundamentales, en especial el debido proceso, cuando encuentren necesario y pertinente hacer uso de aquellas, y asegurar la independencia y autonomía judiciales, como garantías insustituibles para la vigencia del Estado Social de Derecho y la democracia.” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

Encontramos así, a partir de lo señalado en las sentencias C-980 de 2010 y T-323 de 2024, que la Corte Constitucional ha “avalado la incorporación de los medios tecnológicos en el funcionamiento institucional del Estado Colombiano”;sin embargo, no podemos dejar de mencionar que ha sido concurrentemente enfática al señalar que su uso no puede significar el desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

En consideración de todo lo anterior, no cabe duda que es jurídicamente y perfectamente viable que una autoridad de tránsito, haciendo uso de medios tecnológicos, adelante las diferentes actuaciones propias del proceso contravencional e imponga una sanción en contra de un contraventor por la comprobada comisión de una infracción de tránsito; incluso aunque el infractor no comparezca al proceso, siempre que las actuaciones le hayan sido debidamente notificadas: tratándose de la orden de comparendo, personalmente o por correo el electrónico – según corresponda en función de la forma de detección –; las citación a las audiencias, en estrados, cuando el mismo participe de la audiencia de presentación del infractor o cualquier otro; finalmente mediante la publicación de estados, en caso de inasistencia a la audiencia de presentación del infractor.

En esa medida, que una autoridad de tránsito utilice un aplicativo para sistematizar y controlar el proceso de sanciones por multas, no afecta las garantías propias del debido proceso y en cambio permite la materialización concurrente de los principios de eficiencia y economía en los términos señalados. El uso de este aplicativo garantizaría que la administración proceda con austeridad y eficiencia, optimice el uso del tiempo y dinamice el proceso de recaudo de las multas que se impongan en la ciudad por la vulneración de normas de tránsito, pero sobre todo, contribuye a dar cumplimiento al deber de adoptar facilidades que permitan a los presuntos infractores participar del procedimiento desde cualquier lugar. En todo caso, como la Ley 1437 de 2011 y la Corte Constitucional lo señalan, la administración pública, en su implementación, no puede desconocer las prerrogativas fundamentales que tiene los ciudadanos al debido proceso, derecho de defensa y contradicción, en su contenido legalmente dispuesto. 

Aterrizando el análisis y aproximándonos a cerrar el asunto, si tomamos por caso la sanción que se impone a un contraventor de las normas de tránsito que no se presenta durante el desarrollo del proceso, encontramos que la actuación oficiosa de la autoridad de tránsito goza de una doble presunción de juridicidad: la de la norma en la que se sustenta (inciso 3º del numeral 3º del artículo 136 de la Ley 769 de 2002), la cual se mantiene vigente en el ordenamiento jurídico y no ha sido declarada inexequible por parte de la Corte Constitucional, y la de legalidad de la sanción que se impone con apego a la normatividad aplicable y en acatamiento de los procedimientos para tal fin.

No se puede tampoco reprochar en tal caso el desconocimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos al debido proceso administrativo y derecho de defensa y contradicción, toda vez que esta medida se adopta atendiendo estrictamente las reglas de procedimiento sancionatorio dispuestas, para garantizarlos, por el legislador dentro de su amplio margen de configuración normativa, en las cuales se otorga al presunto contraventor las oportunidades procesales para:

“… (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”²⁹¹. 

En concreto, como se indicó en líneas precedentes, en los eventos en que no comparezca el presunto infractor, la materialización de los derechos de defensa, debido proceso y audiencia se tiene verificada si agotan los siguientes presupuestos:

(i) Que el presunto contraventor o el propietario del vehículo, sea notificado en forma debida, personalmente (comparendos manuales) o por correo (comparendos electrónicos) de la orden de comparendo que da inicio al proceso contravencional²⁹².

(ii) Que el presunto infractor no cumpla la carga que el legislador y la orden de comparendo misma le impuso de comparecer ante la autoridad de tránsito dentro de los 5 días siguientes a la debida notificación del comparendo para que pueda controvertirlo.

(iii) Que transcurran 30 días después de la presunta comisión de la infracción.

(iv) Que se fije fecha y hora para la audiencia

(v) Que se notifique por estados el auto en el que se fija fecha y hora para la audiencia.

(vi) Que se realice la audiencia de pruebas, alegatos y fallo; actividades, todas las cuales, podrán tener lugar en una única audiencia.

En la misma audiencia, si fuere posible, se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Si fuere declarado contraventor, se le impondrá el cien por ciento (100%) de la sanción prevista en la ley.

Jurisprudencia:

Jurisprudencia Constitucional: La Corte Constitucional por medio de las Sentencias C-530 de 2003 y C-106 de 2004 decidió declarar la constitucionalidad condicionada del texto original del Aparte final del inciso 1 del Artículo 136 de la Ley 769 de 2002, en el entendido que el fragmento también es aplicable a los conductores de vehículos particular.

Legislación Complementaria: Ley 1843 de 2016

Artículo 12. Comparecencia virtual. Dentro de los seis meses siguientes a la vigencia de esta ley, quienes operen sistemas automáticos y semiautomáticos para detectar infracciones de tránsito, implementará igualmente mecanismos electrónicos que permitan la comparecencia a distancia del presunto infractor. 

Los organismos de tránsito de manera gratuita podrán celebrar acuerdos para el recaudo de las multas y podrán establecer convenios con los bancos para este fin. El pago de la multa a favor del organismo de tránsito que la impone y la comparecencia, podrá efectuarse en cualquier lugar del país.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231341349191 de 2023. “Ante la imposición de una orden de comparendo por la comisión de infracciones al tránsito, el implicado podrá optar acogerse a las opciones que indica el artículo 136 de la ley 769 de 2002, realizando el pago de la multa en los términos señalados o compareciendo ante la autoridad si rechaza la comisión de infracción, para que en audiencia pública se dé inicio al proceso contravencional y pueda si, ejercer su derecho de defensa y contradicción. Así mismo, si el inculpado acepta la comisión de la infracción y no se pudo acoger a los descuentos que refiere el numeral 1 y 2 del artículo 136, en cita, por falta de recursos suficientes para el pago de la multa en su momento, puede solicitar a la autoridad de tránsito la celebración de un acuerdo de pago en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1066 de 2006”.

Texto del Editor:

Procedimiento Contravencional de Tránsito Terrestre

El Código Nacional de Tránsito Terrestre – CNTT (Ley 769 de 2002) establece en los artículos 135 y 136 las condiciones esenciales del procedimiento contravencional de tránsito. En este se pueden distinguir cuatro fases:

Captura de la eventual infracción y elaboración del comparendo

La primera fase del proceso contravencional de tránsito se divide en dos momentos: la detección de una eventual infracción y la elaboración de una orden de comparendo por parte de una autoridad competente. El desarrollo de esta fase depende de la forma en que se captura la supuesta infracción; si es por la presencia de un agente en el lugar de los hechos o mediante herramientas tecnológicas.

En caso de descubrimiento por la presencia de una autoridad de tránsito, la fase de detección y elaboración de la orden de comparendo sucede en el mismo tiempo y lugar donde ocurren los hechos. El agente o autoridad que constata la conducta irregular ordena detener la marcha del vehículo, recopila pruebas de la comisión de una supuesta infracción en caso de ser necesarias (fotos, video, reporte, examen de embriaguez) y elabora y suscribe la orden de comparendo respectiva, en la cual se pueda identificar plenamente al conductor y los aspectos de tiempo, modo y lugar de la conducta. En estos eventos también es posible que el agente ordene la inmovilización del vehículo, si ocurre alguna de las causales previstas para ello, como no utilización del casco de seguridad, emisión de gases contaminantes, no pagar peaje, entre otras.

En el evento de captura de la infracción por medios técnicos o tecnológicos, la fase de detección y elaboración de la orden de comparendo se agota en tiempos y lugares diferentes a donde ocurrieron los hechos. La herramienta tecnológica (como cámaras de vídeo y equipos electrónicos de lectura) identifica con precisión la ocurrencia de una infracción de tránsito y las placas del vehículo y/o conductor. Las herramientas de identificación pueden administrarse por una entidad privada o por la respectiva autoridad de tránsito pública. Si las gestiona una entidad privada, y comoquiera que dichas empresas no tienen competencia para emitir órdenes de comparendo, la empresa traslada la evidencia de la detección a un agente de tránsito competente para que la valide y evalúe si amerita la emisión de una orden de comparendo. Y si las herramientas las administra directamente la autoridad de tránsito competente, los agentes autorizados validan las infracciones detectadas por medios tecnológicos y deciden sobre la emisión del comparendo. En ambos casos, el procedimiento llevará, lógicamente, a que no sea necesario que el agente de tránsito coincida en el tiempo y en el lugar donde ocurrieron los hechos o que la presencie físicamente.

Entonces, se tiene que dependiendo de la forma en que se capture la conducta irregular, ya sea de manera directa por un agente o indirecta por medios tecnológicos, la fase se desarrolla en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos o en otro diferente. Para iniciar el proceso contravencional en debida forma siempre tiene que mediar una orden de comparendo suscrita por una autoridad de tránsito competente, pues este elemento contiene la primera valoración de un agente sobre las evidencias de la posible comisión de una infracción. Sin la orden de comparendo debidamente diligenciada por la autoridad competente no se puede iniciar el proceso contravencional y no puede continuarse con la siguiente fase de notificación, pues no habría nada para notificar. 

Notificación de la orden de comparendo

La segunda etapa del proceso contravencional es la de notificación de la orden de comparendo. Al igual que en la fase anterior, el desarrollo de esta depende de la forma en que se captura la supuesta infracción; por la presencia de una autoridad de tránsito o mediante herramientas tecnológicas.

La notificación cumple el objetivo fundamental de darle a conocer a la persona implicada del inicio de un proceso administrativo contravencional en su contra por la supuesta comisión de una infracción de tránsito, y desde ese instante empiezan a correr los términos para aceptar o rechazar la infracción.

Cuando la conducta irregular se detecta por la presencia de una autoridad de tránsito, la notificación de la orden de comparendo se hace directamente al implicado y se agota en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos. Una vez se detecta la infracción y elabora el comparendo (primera fase), el respectivo agente hace entrega de la orden de comparendo al presunto infractor y en ese instante se entiende surtida la notificación personal. La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo, el cual deberá identificarse plenamente. La firma del testigo supone la misma implicación de la firma por parte del presunto infractor, en consecuencia, el comparendo se entiende notificado.

En caso de que la detección haya sido por medios tecnológicos, la notificación de la orden de comparendo se hace al propietario del vehículo y se surte en un tiempo y lugar diferente a donde ocurrieron los hechos. En los tres (3) días hábiles siguientes a la validación del comparendo por parte de la autoridad, esta debe enviar por correo y/o correo electrónico copia del comparendo y sus soportes al propietario, o a la empresa a la cual se encuentra vinculado el vehículo si se trata de automotores de servicio público. Si no es posible identificar al propietario del vehículo en la última dirección registrada en el RUNT, la autoridad deberá hacer el proceso de notificación por aviso de la orden de comparendo. Al propietario se le ordenará presentarse ante la autoridad de tránsito competente dentro de los once (11) días hábiles siguientes a la entrega del comparendo, para que ejerza su derecho a la defensa como se explicará más adelante. Vale resaltar que es responsabilidad de los propietarios actualizar la dirección de notificaciones en el RUNT, por lo que la notificación se entenderá surtida legalmente si en dicha base obra alguna ubicación física y/o electrónica.

Es de resaltar que el artículo 129 del CNTT indica que, en todo caso, los ‘informes de tránsito’ por infracciones, que se completan a través de las órdenes de comparendo, deben notificarse al conductor, y si no fuere viable identificarlo, se notificará al último propietario registrado del vehículo, para que rinda sus descargos dentro de los siguientes diez (10) días al recibo de la notificación. Y según la sentencia de la Corte Constitucional C-530 de 2003, esto implica que el propietario sólo será llamado a descargos, cuando existan elementos probatorios que permitan inferir que probablemente es el responsable de la infracción.

Así las cosas, está claro que la notificación es una etapa fundamental en el proceso contravencional de tránsito. Cuando la infracción se detecta por la presencia de una autoridad competente, la notificación personal del supuesto infractor se realiza en el mismo tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos. Pero, cuando la conducta irregular se capta por medios tecnológicos, la notificación se hace al propietario del vehículo por correo y/o correo electrónico. Si a través del correo se logra dar a conocer la orden de comparendo, la notificación se entiende surtida, de lo contrario, se tiene que recurrir a los otros medios de notificación establecidos en el CPACA para los procedimientos administrativos sancionatorios.

Aceptación, rechazo o indiferencia frente a la infracción

Una vez surtida adecuadamente la notificación a la persona implicada, comienzan a correr los términos para que esta acoja alguna de las tres opciones que le ofrece el ordenamiento jurídico frente a la orden de comparendo, a saber: aceptación, rechazo o indiferencia.

Aceptación. Es la manifestación voluntaria del implicado de que efectivamente cometió la infracción que se le imputa, expresada mediante el pago de la multa que corresponde a la contravención. Si se acepta la infracción, la persona puede aspirar a que se le apliquen las reducciones consagradas en el artículo 136 del CNTT. Así mismo, la consecuencia principal de la aceptación es que se termina el proceso contravencional por la asunción de la responsabilidad y el pago de la multa.

Cabe indicar que cuando se demuestre que la orden de comparendo por infracción a las normas de tránsito detectada por sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos, no fue notificada o indebidamente notificada, los términos establecidos para la reducción de la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de la notificación del comparendo.

En este evento, la autoridad de tránsito competente declara la contravención a nombre de la persona que pagó y asistió al curso. Aquí es relevante indicar que cuando la infracción se detecta por la presencia de un agente de tránsito, la única persona que puede aceptar la infracción fue a quien le notificaron la orden de comparendo. Pero, cuando la conducta se captura por medios tecnológicos, es viable que la aceptación se realice por alguien diferente a quien le notificaron la orden de comparendo (propietario). Esto es así, porque de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 129 del CNTT “[l]as multas no podrán ser impuestas a persona distinta de quien cometió la infracción”.

Rechazo. Es la manifestación del implicado de que rechaza la comisión de la infracción, expresada mediante la comparecencia a la autoridad de tránsito para rendir descargos y solicitar la audiencia de que trata el artículo 136 del CNTT. Si la infracción se detecta por la presencia de una autoridad de tránsito, el implicado puede rechazar la infracción dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la orden de comparendo. De otro lado, cuando la infracción se captura por medios tecnológicos, el implicado puede rechazar la infracción en los once (11) días siguientes a la notificación de la orden de comparendo. El efecto principal del rechazo de la infracción es que comienza la fase de contradicción del proceso contravencional y la autoridad procederá a fijar fecha y hora de realización de la audiencia, en la cual se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. En caso de rechazo no procede ningún descuento en la multa.  

Indiferencia. Es la decisión de no aceptar ni rechazar la infracción en los términos establecidos, a pesar de que se surtió debidamente la notificación de la orden de comparendo. Independientemente de la forma en que se detecta la conducta irregular, a los treinta (30) días calendario de ocurrida la presunta infracción, el citado quedará vinculado al proceso, en cuyo caso se programará fecha y hora de celebración de la correspondiente audiencia, la cual se notificará por estrados. 

En todo caso, La acción por contravención de las normas de tránsito caduca en un (1) año, contado a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella. Durante este término se deberá decidir sobre la imposición de la sanción, en tal momento se entenderá realizada efectivamente la audiencia e interrumpida la caducidad.

En suma, la tercera fase del proceso contravencional es el traslado de la orden de comparendo al presunto infractor. Frente a la misma, este puede tomar tres opciones: aceptar, rechazar o estar indiferente. Si acepta, puede pagar la multa con descuentos y se termina el proceso contravencional. Si rechaza, comienza una fase de contradicción de la imputación y se fija hora y fecha de audiencia para resolver la situación. Si es indiferente, el implicado queda vinculado al proceso y se fija fecha para audiencia de decisión, en la cual pueden sancionarlo o absolverlo.

Audiencia de decisión

La fase de la audiencia de decisión solo se surte en caso de rechazo o indiferencia frente a la orden de comparendo. El fin de la audiencia es garantizar el derecho al debido proceso de la persona inculpada, de tal forma que tenga un espacio para presentar descargos y controvertir y mostrar nuevas pruebas, además de que es la única oportunidad para presentar recursos. En este escenario, la autoridad competente práctica las pruebas, las valora y decide sobre la imposición o no de la sanción. De la audiencia y la decisión se levanta un acta en la que estaría contenido el acto administrativo sancionatorio o absolutorio, y contra el mismo proceden los recursos de reposición y apelación. La notificación de la decisión, independientemente de que el inculpado asista o no a la audiencia, se hace por estrados, salvo que la sanción se trate de suspensión o cancelación de la licencia de conducción, evento en el cual la decisión se notifica por los medios establecidos en el CPACA. 

Cabe precisar, finalmente, que las autoridades, con ocasión de un procedimiento contravencional de tránsito, pueden aplicar el artículo 51 del CPACA, según el cual puede sancionarse a los particulares que en el curso de una investigación administrativa “se rehúsen a presentar los informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, los oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta”. En estos términos, si el destinatario de la orden de comparendo la rechaza o es indiferente, y además se le convoca para que presente un informe relevante para verificar los hechos que dieron lugar a la infracción y la persona quien debe imputársele, pero se rehúsa a presentar ese informe o lo hace de manera imprecisa, es posible imponérsele una sanción administrativa en los términos del artículo precitado.  

Parágrafo 1. En los lugares donde existan inspecciones ambulantes de tránsito, los funcionarios competentes podrán imponer al infractor la sanción correspondiente en el sitio y hora donde se haya cometido la contravención respetando el derecho de defensa.

Parágrafo 2. Adicionado Artículo 7 Ley 1843 de 2017. Cuando se demuestre que la orden de comparendo por infracción a las normas de tránsito detectada por sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos, no fue notificada o indebidamente notificada, los términos establecidos para la reducción de la sanción comenzarán a correr a partir de la fecha de la notificación del comparendo.

Parágrafo 2²⁹⁶.

Jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia C-020 de 2024. La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-020 de 2024 decidió declarar inexequible el último aparte del Artículo 15 de la Ley 2251 de 2022.

Parágrafo transitorio. Adicionado Artículo 118 Decreto-Ley 2106 de 2019. El Ministerio de Transporte continuará realizando las habilitaciones, hasta que se cuente con el desarrollo en el sistema RUNT, para que dichos organismos realicen el registro de manera directa, plazo que no podrá ser mayor a 6 meses contados a partir de la expedición del presente decreto ley prorrogables por 3 meses más.

Para todos los efectos legales, el registro en el RUNT hará las veces de habilitación.

Parágrafo. Adicionado Ley 2050 de 2020 Artículo 23. Los cursos a los infractores de las normas de tránsito podrán ser también virtuales, para lo cual quien lo dicta deberá garantizar la autenticación biométrica del ciudadano en la forma en que determine el Ministerio de Transporte, a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y por el Sistema de Control y Vigilancia de la Superintendencia de Transporte, que permita la identificación del infractor de forma segura, así como el registro y su permanencia en el curso, en los términos señalados por el Ministerio de Transporte. 

Legislación Complementaria: Ley 2251 de 2022

Artículo 15. El sistema de control y vigilancia que adopte la Superintendencia de Transporte para los Organismos de Apoyo a las autoridades de tránsito de conformidad con la Ley 2050 de 2020, asegurará y auditará el recaudo y traslado de los recursos a favor del Fondo Nacional de Seguridad Vial y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1753 de 2015, para la disminución de accidentes de tránsito.

Los cursos realizados por los organismos de tránsito, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística registrados ante el sistema del Registro Nacional de Tránsito (RUNT) para dicha labor, no podrán ser en número/día más de la capacidad física instalada, certificada por medio del registro, gestión de calidad o acreditación, en las condiciones señaladas por el Ministerio de Transporte. 

En todo caso, para la prestación del curso virtual y/o presencial, los centros integrales de atención y los centros de enseñanza automovilística, deberán cumplir los mismos requisitos técnicos de operación y funcionamiento previstos en la ley, según reglamentación del Ministerio de Transporte. 

A los organismos de tránsito no se les exigirá convenio para prestar los cursos.

Instrucción Administrativa:

Circular MT 20234200000377 de 2023. ”En tal virtud, quienes tienen a cargo el cumplimiento de generar y realizar todos los cursos sobre normas de tránsito, a través del sistema del REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO RUNT, cumplir con la respectiva conectividad con el sistema y el procedimiento desarrollado a través de las funcionalidades para el registro directo y en línea del control de identidad, verificación de la asistencia, realización de los cursos y demás validaciones, siendo la plataforma del RUNT, la única autorizada para la remisión y cargue final del curso impartido por los actores contemplados en el artículo 136A de la Ley 769 de 2022, modificado por el artículo 8 de la Ley 2251 de 2022. A partir de la fecha el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por infracciones de Tránsito – SIMIT, deberá abstenerse de recibir reportes de cursos sobre normas de tránsito de una fuente distinta al Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, en cumplimiento el parágrafo 2 del artículo 11 de la Ley 769 de 2002. Finalmente, se reitera que los Organismos de Apoyo, las autoridades de tránsito y los Organismos de Tránsito que ejerzan funciones de organismos de apoyo, deberán atender las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Transporte”.

Reglamentación: Resolución MT-20223040045295 de 2022

Centros Integrales de Atención (CIA)

Artículo 3.5.1. Registro de los Centros Integrales de Atención. Los Centros Integrales de Atención interesados en la prestación del servicio de escuela y casa cárcel para la rehabilitación de los infractores a las normas del Código de Tránsito deberán registrarse ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la prestación del servicio conforme el alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

Artículo 3.5.2. Requisitos y condiciones para obtener el Registro. Para que un Centro Integral de Atención obtenga por parte del Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) aprobación del registro para su funcionamiento, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) La sociedad propietaria del Centro Integral de Atención debe estar legalmente constituida y en su objeto social debe encontrarse sea la prestación del servicio de Centro Integral de Atención y acreditar el registro del establecimiento comercial. Si se trata de un establecimiento de carácter público acreditará la representación legal de la respectiva entidad de acuerdo a las normas de la administración pública.

b) Estar autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para ofrecer el servicio de casa-cárcel mediante acto administrativo emanado de esa institución, a través del cual lo aprueba para tal fin; o convenio o contrato de prestación del servicio del solicitante con la persona natural o jurídica que esté aprobada por el INPEC para prestar el servicio de casa-cárcel.

c) Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 3.5.5., de esta resolución.

d) Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya. El Certificado de conformidad del servicio indicará el cumplimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 11 “Funciones y actividades de evaluación de la conformidad dentro del esquema de certificación de servicio a realizar a los centros integrales de atención, los centros de enseñanza automovilística y los organismos de tránsito”, de la presente resolución.

e) Contar con los elementos tecnológicos y de conectividad señalados en el presente capítulo para la transmisión de la información generada por el Centro Integral de Atención al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

f) Pago de la tarifa del servicio del registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para el registro del Centro Integrales de Atención establecida en la Resolución número 4558 de 2019 del Ministerio de Transporte o aquel a que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 1. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el pago de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de conformidad del Centro Integral de Atención al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), asimilando la establecida para “Certificado de organismo de certificación a Centro de Enseñanza Automovilística” que se encuentra en la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya, hasta tanto se fije la tarifa correspondiente.

Instrucción Administrativa:

Circular MT 20234000000627 de 2023. “1.1. Al punto tres (3) “Cursos Especializados a Infractores” se entenderá que los contenidos específicos de los cursos en cuanto al tipo de infracción se aplicarán una vez la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV adopte oficialmente tales contenidos. 1.2. Al punto cuatro “Actualización de Documentación para mantener el Registro ante el RUNT” se aclara que: 1.2.1. Las medidas tomadas se basan en el cumplimiento de la resolución 20203040011355 del 21 de agosto de 2020 expedida por este Ministerio. 1.2.2. Las menciones a organismos certificadores se entenderán aplicables a organismos evaluadores de la conformidad acreditados por la ONAC. 1.3. Al punto seis (6) “Atención de usuario en tiempo real”: 1.3.1. El literal “a” quedará así: “a. El ciudadano infractor que desee acceder el curso sobre normas de tránsito a infractores, deberá encontrarse registrado ante el Sistema RUNT.

1.3.2. Se entenderá que la comparecencia de un ciudadano para realizar el curso relacionado con una orden de comparendo específica constituye notificación por conducta concluyente en cuanto a la orden misma, sin que se requiera modificar el formato de la orden de comparendo (literales “b” y “c”.).

20234000000627 LINEAMIENTOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 20203040011355 DE AGOSTO 21 DE 2020, Y EL ARTICULO 8 DE LA LEY 2251 DE 2022 QUE ADICIONÓ EL ARTICULO 136 A LA LEY 769 DE 2002.

3. Cursos Especializados a Infractores En cumplimiento del Artículo 8 de la Ley 2251 de 2022 “Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones -Ley Julián Esteban”, que adicionó el Artículo 136A a la Ley 769 de2002, a partir del día primero 1 de noviembre de 2023, los Centros Integrales de Atención – CIAS, y Organismos de Tránsito – OT, autorizados para dictar cursos de curso sobre normas a los infractores de las normas de tránsito que desean acogerse a los descuentos previstos en dicha norma, deberán ser dictados según se establece en el artículo 37 y siguientes de la Resolución 20203040011355 del 21 de agosto de 2020, por especialidad según el tipo de vehículo y licencia de conducción (pesado, liviano o motocicletas y similares), y tipo de infracción según lo determine la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV. 4. Actualización de Documentación para mantener el Registro ante el RUNT.

21 de agosto de 2020, y con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos para operar por parte de los Centros Integrales de Atención- CIAS y Organismos de Tránsito – OT del país autorizados para dictar cursos a los infractores de las normas de tránsito en cita; se dispone un plazo que vence el día treinta y uno (31) de octubre de 2023, para que dichas entidades actualicen toda la documentación y vigencia de los requisitos previstos en los artículos 21 y 27 de la citada Resolución. La actualización aquí dispuesta se hará por conducto de los Organismos Certificadores de la Conformidad, conforme lo disponga el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, para lo cual deberá orientar la verificación de los siguientes aspectos: a) Verificación presencial de la capacidad instalada del CIA o del OT, respecto de salones disponibles exclusivamente para ese propósito. b) Información sobre la malla horaria de atención para cursos, así como el material didáctico visual por especialidad conforme al numeral anterior de esta Circular. c) Verificar que el CIA u OT tengan registro y conectividad en línea con la Concesión RUNT, para el registro de infractores e Instructores, apertura y cierre de cursos, y reporte en línea de los certificados de asistencia. d) En relación con los CIAS, el organismo certificador de la conformidad deberá adicionalmente, verificar que el acto administrativo emanado del INPEC para ofrecer el servicio de casa cárcel se encuentre vigente; y en caso de acreditar convenio o contrato con una casa cárcel que ésta cumpla el mismo requisito para operar como tal emanado del INPEC, y que el convenio o contrato no sea mayo de 30 días. e) Las demás obligaciones de información / documentación previstas en la Resolución 20203040011355 del 21 de agosto de 2020. A partir del primero (1) de noviembre de 2023, las habilitaciones / registro de nuevos CIAS deberán acreditar convenio o contrato con la casa cárcel más cercana a la sede objeto del registro. 5. Prevención de Fraude al Sistema Dando cumplimiento a la Circular Externa 202342000000377 del 14 de julio de 2023, por medio de la cual se ordenó dar cumplimiento a la Resolución 2020304040011355 del 21 de agosto de 2020, a partir de la fecha los CIAS y OT que dictan cursos a los infractores de las normas de tránsito, sólo podrán continuar haciéndolo previo registro de sus sedes ante la Concesión RUNT. De la misma manera se dispone que únicamente tendrán validez para reconocer descuentos en las multas por infracciones a las normas de tránsito, los cursos en que se haya efectuado el registro e identificación del infractor y del Instructor, así como la apertura y cierre de cada curso a través de la plataforma HQ RUNT, y la expedición del certificado de asistencia en línea con dicha Concesión. En tal sentido se reitera la prohibición al Sistema Integrado de Información Sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito – SIMIT y a los organismos y autoridades de tránsito, de reconocer o hacer efectivos descuentos de multas por infracciones a las normas de tránsito, si no ha mediado el cumplimiento del protocolo señalado al respecto. El reconocimiento de descuentos provenientes de certificados de asistencia a cursos que no fueron reportados en línea por medio del aplicativo HQRUNT, será considerado como fraude al sistema en los términos del inciso segundo del Artículo 136 A de la Ley 769 de 2002 (tal como fue adicionado por el artículo 8 de la Ley 2251 de 2022). En tales casos la Superintendencia de Transporte deberá abrir las investigaciones administrativas de rigor, sin perjuicio de la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación según allí mismo se establece. Con el mismo alcance, está prohibido que las denominadas “concesiones de tránsito”, ejerzan funciones de CIAS sin estar autorizadas/registradas ante el RUNT para ello, y en tal sentido se considerará fraude al sistema la expedición de certificados de asistencia a cursos de educación, que hayan sido dictados y/o sus certificados expedidos por dichas concesiones de tránsito. Los CIAS u OT que a partir de la fecha de esta Circular no se encuentren registrados ante RUNT, no podrán dictar cursos a infractores de las normas de tránsito, y la CONCESIÓN SIMIT y los OT solo podrán hacer efectivos los descuentos en las multas de tránsito de que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, cuando haya mediado el dicho registro ante el RUNT y el cumplimiento de lo previsto en la Resolución 20203040011355 del 21 de agosto de 2020 emanada de este Ministerio. 6. Atención del usuario en tiempo real.

Con el propósito de establecer mecanismos tendientes a atender al usuario en tiempo real, se dispone que a partir de la fecha: a) Los CIAS podrán enrolar al ciudadano infractor que al momento de hacer su registro para acceder el curso sobre normas de tránsito a infractores, no lo haya hecho o que habiéndolo hecho presente dificultades en su identificación. Para el ejercicio de esta facultad, los CIAS deberán acreditar ante Concesión RUNT el cumplimiento de los requisitos técnicos, operativos y de seguridad dispuestos por el Ministerio de Transporte para tal fin. b) Los Organismos o autoridades de tránsito del país deberán establecer en sus comparendos físicos o virtuales, o demás necesarios para que el usuario realice el curso de reeducación en el lugar que él determine, la aplicación del principio de NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE previsto en la ley, de manera que con la sola realización del curso ante el CIA u otro OT del país, pueda registrarse el curso y hacer efectivo el descuento en la multa de tránsito para el cual se realizó. c) Los Organismos y autoridades de tránsito del país deberán establecer en sus comparendos físicos o virtuales, o demás necesarios para que el tercero que se declara culpable de la infracción (distinto al propietario) realice el curso de educación en el lugar que él determine, la aplicación del principio de NOTIFICACION POR CONDUCTA CONCLUYENTE previsto en la ley, de manera que con la sola realización del curso ante el CIA u otro OT del país, pueda registrarse el curso y hacer efectivo el descuento en la multa de tránsito a cargo del tercero que aceptó la comisión de la infracción para el cual se realizó. Para ello es necesario que la información del comparendo obre prontamente en los sistemas de información creados por la Ley 769, pues solo de esa forma se garantiza que los ciudadanos gocen de los términos otorgados por la Ley en cualquier CIA u OT del país. d) Se entenderán prohibidas las conductas consistentes en: 1. Exigir que el ciudadano deba acudir a las instalaciones del organismo o autoridad de tránsito para ser notificado personalmente de su condición de tercero responsable. 2. Incorporar la información de las órdenes de comparendo después de que haya empezado a transcurrir el término para que el ciudadano pueda realizar el curso sobre normas de tránsito”.

Circular MT 20234000000657 de 2023 (alcance a la anterior).“1. ALCANCE AL CONTENIDO 1.1. Al punto tres (3) “Cursos Especializados a Infractores” se entenderá que los contenidos específicos de los cursos en cuanto al tipo de infracción se aplicarán una vez la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV adopte oficialmente tales contenidos. 1.2. Al punto cuatro “Actualización de Documentación para mantener el Registro ante el RUNT” se aclara que: 1.2.1. Las medidas tomadas se basan en el cumplimiento de la resolución 20203040011355 del 21 de agosto de 2020 expedida por este Ministerio. 1.2.2. Las menciones a organismos certificadores se entenderán aplicables a organismos evaluadores de la conformidad acreditados por la ONAC. 1.3. Al punto seis (6) “Atención de usuario en tiempo real”: 1.3.1. El literal “a” quedará así: “a. El ciudadano infractor que desee acceder el curso sobre normas de tránsito a infractores, deberá encontrarse registrado ante el Sistema RUNT”.

1.3.2. Se entenderá que la comparecencia de un ciudadano para realizar el curso relacionado con una orden de comparendo específica constituye notificación por conducta concluyente en cuanto a la orden misma, sin que se requiera modificar el formato de la orden de comparendo (literales “b” y “c”.)”.

Artículo 3.5.3. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.5.2., se otorgará el registro a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el cual autorizará al Centro Integral de Atención para operar en la sede solicitada y certificada.

Artículo 3.5.4. Vigencia del Registro. El Registro del Centro Integral de Atención se otorgará por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan los requisitos y condiciones señalados en el presente capítulo y los resultados de las evaluaciones de seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) sean satisfactorios.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral uno (1) del artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Artículo 3.5.5. Perfil del instructor. Para que los Centros Integrales de Atención puedan dictar cursos de capacitación, deberán contar como mínimo con un (1) instructor en normas de transporte, tránsito y seguridad vial el cual debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Poseer certificación como instructor en conducción, acreditar experiencia mínima de dos (2) años como docente o instructor en conducción y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último año, o

b) Ser técnico profesional en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último año.

Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito para Dictar Cursos Sobre Normas de Tránsito

Artículo 3.6.1.1. Registro de los Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito. Los Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito interesados en dictar cursos sobre normas de tránsito deberán registrarse ante el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). El registro permitirá la prestación del servicio conforme el alcance de certificación otorgada por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).

(Resolución número 20203040011355 de 2020, artículo 25, derogado en lo referente a los Centros de Enseñanza Automovilística por la Ley 2251 de 2022, artículo 8)

Artículo 3.6.1.3. Requisitos y condiciones para el Registro de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito. Para que un organismo de tránsito pueda dictar cursos de capacitación deberá registrarse en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para lo cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Encontrarse clasificado como organismo de tránsito ante el Ministerio de Transporte y en estado activo ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) Contar como mínimo con un (1) instructor en normas de tránsito, el cual deberá cumplir con el perfil requerido de conformidad a lo establecido en el artículo 3.6.1.7., de esta resolución.

c) Certificado de conformidad del servicio, expedido por un Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya. El Certificado de Conformidad del Servicio indicará el cumplimiento del esquema de certificación de producto por servicios definido por el Ministerio de Transporte de acuerdo al esquema establecido en el Anexo 11 “Funciones y actividades de evaluación de la conformidad dentro del esquema de certificación de servicio a realizar a los centros integrales de atención, los centros de enseñanza automovilística y los organismos de tránsito”, de la presente resolución.

d) Contar con los elementos tecnológicos y de conectividades señaladas en el presente título, requeridas para la transmisión de la información generada por el organismo de tránsito al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) Pago de la tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para el registro del Organismo de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito, establecida en la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Parágrafo 1. La tarifa del servicio del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) del literal e) del presente artículo, será la establecida para la habilitación de Centro Integral de Atención en la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya, la cual es asimilada para el caso del Registro de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito, hasta tanto se fije la tarifa correspondiente.

Parágrafo 2. Los Organismos Evaluadores de la Conformidad deberán realizar el pago de la tarifa por el servicio de ingreso del certificado de conformidad de los Organismos de Tránsito para dictar cursos sobre normas de tránsito al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), asimilando la establecida para “Certificado de organismo de certificación a Centro de Enseñanza Automovilística” que se encuentra la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya, hasta tanto se fije la tarifa correspondiente.

Artículo 3.6.1.4. Otorgamiento del Registro. Verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3.6.1.3., se otorgará el registro a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el cual autorizará al Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito para operar en la sede solicitada y certificada.

Artículo 3.6.1.5. Vigencia del Registro. El registro del Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito como autorizados para dictar los cursos sobre normas de tránsito por tiempo indefinido, siempre y cuando se mantengan, los requisitos y condiciones señalados en el presente capítulo y los resultados de las evaluaciones de seguimiento efectuadas por el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) sean satisfactorios.

De lo contrario, se procederá a dar aplicación a lo establecido en el numeral 1 del artículo 19 de la Ley 1702 de 2013.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20211340806431 de 2021. “En ese sentido, el requisito exigido al instructor de ser técnico profesional en seguridad vial, no es optativo es obligatorio como quiera que este es exigido dentro del perfil de instructor, de acuerdo al artículo 23 de la Resolución 20203040011355 del 2020”.

Artículo 3.6.1.6. Certificado de conformidad. Los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos sobre normas de tránsito, deberán someterse a auditorías anuales por parte del Organismo Evaluador de la Conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin de que este verifique que se mantienen las condiciones bajo las cuales les fue otorgada.

Artículo 3.6.1.7. Perfil del instructor. Para que los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito puedan dictar cursos sobre normas de tránsito, deberán contar como mínimo con un (1) instructor en normas de transporte, tránsito y seguridad vial el cual debe acreditar los siguientes requisitos:

a) Poseer certificación como instructor en conducción, acreditar experiencia mínima de dos (2) años como docente o instructor en conducción y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último año, o

b) Ser técnico profesional en seguridad vial, acreditando el título a través de entidad docente autorizada por el Ministerio de Educación, y no haber sido sujeto de imposición de sanción alguna por ser contraventor de las normas de tránsito durante el último año.

Artículo 3.6.1.8. Obligaciones de los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación. Son obligaciones de los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación las siguientes:

a) Impartir la instrucción requerida, en el tiempo de duración establecido en el presente título.

b) Comunicar al Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las modificaciones que se presenten respecto a la información suministrada en el registro para el funcionamiento de los Centros Integrales de Atención (CIA), o Centros de Enseñanza Automovilística (CEA), u Organismos de Tránsito registrados para dictar cursos de capacitación, correspondientemente, dentro de los quince (15) días hábiles a la ocurrencia del hecho.

c) Mantener vigente el certificado de acreditación, autorizaciones y demás registros propios de su actividad, exigidas por las entidades de control y autoridades competentes para ese fin.

d) Llevar y guardar un archivo en debida forma de toda la información de los conductores infractores que adelantaron el curso.

e) Hacer adecuado uso del permiso para el registro y cargue de información al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en cada una de las sedes registradas ante el Ministerio de Transporte a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), para la prestación del servicio de capacitación sobre normas de tránsito para conductores infractores.

f) Someterse a la evaluación anual de seguimiento ante el Organismo Evaluador de la Conformidad (OEC) acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), durante el período de vigencia del Certificado de conformidad del servicio, de acuerdo a lo indicado en la sección 1 del capítulo 2 y capítulo 5 del Título 3, de la presente resolución.

g) Impartir la capacitación con instructores acreditados e idóneos que cumplan con los requisitos establecidos en los artículos 3.5.5. y 3.6.1.7., de la presente resolución.

h) Certificar la asistencia personal al curso una vez este haya sido realizado.

i) Reportar al sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en línea y tiempo real la asistencia al curso sobre normas de tránsito, en las condiciones y oportunidad exigidas en las normas respectivas.

j) Proporcionar la información requerida por el Ministerio de Transporte y las autoridades de inspección, vigilancia y control.

k) Mantener actualizadas las ayudas pedagógicas y el material didáctico.

l) Asumir las demás obligaciones que por normas les sean atribuidas.

Parágrafo. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que permita reportar en línea y tiempo real la asistencia al curso sobre normas de tránsito, la obligación de la que trata el literal i) del presente artículo, deberá realizarse de manera manual.

Artículo 3.6.1.9. De los deberes y obligaciones de los instructores. Son deberes y obligaciones de los instructores las siguientes:

i. Aportar la documentación e información requerida para su acreditación y el desempeño del cargo.

ii. Actuar con imparcialidad, asegurando y garantizando los derechos de todas las personas, sin ninguna clase de discriminación.

iii. Impartir instrucción conforme a las temáticas dispuestas en el presente título.

iv. No poner en riesgo la integridad de los infractores.

v. Cumplir con el tiempo de duración establecido en el presente título.

vi. Capacitarse y mantenerse actualizado en lo referente a la temática de los cursos.

vii. Las demás que establezcan las normas.

Certificado de Conformidad del Servicio

Artículo 3.6.2.1. Certificado de conformidad del servicio. El Certificado de conformidad del servicio de los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito que quieran ser autorizados para dictar cursos sobre normas de tránsito, tendrán una vigencia de tres (3) años contados a partir de su expedición; los Organismos de Evaluación de la Conformidad deben acreditarse ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) bajo la Norma ISO/IEC 17065 o la que la modifique, adicione o sustituya.

El Centro Integral de Atención, o el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito, deberá someterse a auditorías anuales de seguimiento por parte del Organismos de Evaluación de la Conformidad acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el fin de validar que se mantienen las condiciones con las cuales fue otorgada o renovada la certificación, conforme a lo dispuesto en el esquema de certificación de servicio.

Para obtener el certificado de conformidad del servicio se seguirán las reglas estipuladas en el esquema de certificación de servicio que se encuentran en el Anexo 11 “Funciones y actividades de evaluación de la conformidad dentro del esquema de certificación de servicio a realizar a los centros integrales de atención, los centros de enseñanza automovilística y los organismos de tránsito”, el cual hace parte de la presente resolución.

Artículo 3.6.2.2. Cargue del Certificado de conformidad del servicio en el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Los Organismos de Evaluación de la Conformidad cargarán en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) dentro de los cinco (5) días hábiles a su expedición, la información relacionada a la Certificación de Conformidad por Servicios.

De igual forma, cargará anualmente el resultado de la auditoría anual realizadas al Centro Integral de Atención, al Centro de Enseñanza Automovilística y el Organismo de Tránsito autorizados para dictar cursos sobre normas de tránsito, reporte que le permitirá mantener el requisito de registro.

(Resolución número 20203040011355 de 2020, artículo 33, derogado en lo referente a los Centros de Enseñanza Automovilística por la Ley 2251 de 2022, artículo 8)

Procedimiento para Registro en El Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y Modificaciones al Registro

Artículo 3.6.3.1. Para el registro de los Organismos de apoyo a las autoridades de tránsito y de los Organismos de tránsito, estos últimos para dictar cursos sobre normas de tránsito, en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito se deberá seguir el procedimiento contenido en el Anexo 12 “Procedimiento para registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT”, que hace parte de la presente resolución.

Artículo 3.6.3.2. Para la modificación del registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito y de los Organismos de Tránsito, se deberá seguir con el procedimiento contenido en el Anexo 13 “Procedimiento para la modificación del registro de los organismos de apoyo al tránsito ante el Registro Único Nacional de Tránsito-RUNT”, que hace parte de la presente resolución.

Parágrafo. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las modificaciones al registro de los Organismos de Apoyo al Tránsito deberán ser solicitadas ante la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte, las cuales serán resueltas en un término no mayor a dos (2) meses contados a partir del recibo de la solicitud.

Artículo 3.6.3.3. Tarifa RUNT. Para los casos en donde se exija el pago de tarifa RUNT por concepto de modificación del registro, se cancelará la tarifa correspondiente a la “Modificación de datos de habilitación de persona natural o jurídica, pública o privada que presta servicios al sector público” determinada en la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Conectividad de los organismos de apoyo y de tránsito con el sistema del registro único nacional de tránsito (RUNT)

Cursos presenciales sobre Normas de Tránsito

Artículo 3.6.4.1.1. Sistema de identificación de los conductores infractores. Previamente a acceder al curso sobre normas de tránsito, el conductor deberá adelantar ante el Centro Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito el siguiente proceso:

a) Presentación del documento de identidad.

b) Realizar el proceso de identificación mediante el método de validación de identidad que se encuentre autorizado en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT). Dicha información quedará guardada mediante las herramientas tecnológicas que para tal fin estén dispuestas en el mencionado registro.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto no se cuente con el método de validación de identidad en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el Centro Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito deberán adoptar las condiciones de seguridad que le permitan verificar la identidad de los asistentes al curso.

Artículo 3.6.4.1.2. Duración y temática del curso. Agotado el proceso de identificación, el conductor infractor deberá presentar el comparendo que le ha sido impuesto para proceder adelantar el curso sobre normas de tránsito, el cual no podrá ser inferior a dos (2) horas cátedra.

La temática debe estar orientada a dar a conocer las normas de tránsito, a sensibilizar al infractor sobre la incidencia y problemática de la accidentalidad vial a través del análisis de las estadísticas nacionales de mortalidad y morbilidad, los elementos que afectan los factores que integran la seguridad vial, tales como la vía, el vehículo y el factor humano, y debe comprender la actualización y complementación de las normas de comportamiento en el tránsito cuya transgresión es la causa del mayor porcentaje de accidentes de tránsito.

Parágrafo. La asistencia al curso de normas de tránsito al cual hace referencia el artículo 136 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 118 del Decreto ley 2106 de 2019, es obligatoria, personal e intransferible.

Artículo 3.6.4.1.3. De las certificaciones para los conductores infractores. Una vez realizado el curso en las condiciones previstas en el artículo 3.6.4.1.2. de la presente resolución, el Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito notificará al Sistema Integrado de información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) el cumplimiento del requisito del curso para obtener el descuento, el cual se podrá generar en formato PDF desde la opción de consulta al ciudadano en la página web de este último.

El Organismo de Tránsito competente consultará la información en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) y determinará el valor que el infractor debe cancelar conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto ley 2106 de 2019.

La certificación expedida por Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), es un documento que tendrá validez en todo el territorio nacional y ante cualquier Organismo de Tránsito.

La constancia de certificación de asistencia al curso, debe contener la siguiente información: nombres y apellidos del infractor, número del comparendo, fecha y hora de la asistencia al curso, nombre del Organismo de Tránsito o Centro Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística donde realizó el curso.

Parágrafo. El Organismo de Tránsito de la jurisdicción donde se infringió la norma de tránsito, deberá garantizar que el infractor realizó el curso sobre normas de tránsito, para poder obtener la reducción de la multa conforme a lo establecido en el artículo 136 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 118 del Decreto ley 2106 de 2019.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto no se cuente con el desarrollo en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que permita notificar al Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito (SIMIT) el cumplimiento del requisito del curso; el Organismo de Tránsito, Centro Integral de Atención y el Centro de Enseñanza Automovilística que dicte cursos sobre normas de tránsito, expedirá la respectiva constancia que certifique que el infractor debidamente identificado, asistió al curso y enviará los datos correspondientes al Sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

Registro de los Cursos Presenciales sobre Normas de Tránsito

Artículo 3.6.4.2.1. Condiciones generales para los Centros Integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística y Organismos de Tránsito. Para efectos de llevar a cabo el registro de cursos sobre normas de tránsito, los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito autorizados para prestar este servicio, deberán:

a) Encontrarse inscritos y en estado activo en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) como prestador de servicios al sector.

b) Encontrarse registrado y en estado activo ante el Registro único Nacional de Tránsito (RUNT) como Centro Integral de Atención o Centro de Enseñanza Automovilística o clasificado como Organismo de Tránsito autorizado para realizar los cursos sobre normas de tránsito.

c) Seguir los procedimientos descritos en los artículos siguientes.

Artículo 3.6.4.2.2. Procedimiento para el registro de instructores. Los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito, que cumplan con lo establecido en la presente sección en cuanto a lo relacionado al perfil del instructor, deberá realizar el siguiente procedimiento para el ingreso de su o sus instructores, así:

a) El instructor debe encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) El instructor NO debe haber sido sujeto de imposición de multas por infracciones a las normas de tránsito en el último año, condición que será validada contra el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

c) El instructor puede contar con título como técnico en seguridad vial, información que será almacenada en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al momento del registro, junto con los datos básicos tales como número de certificado, fecha de expedición e institución que expide el certificado. Esta información será guardada y mantenida en la plataforma como histórica, la cual es susceptible de modificación por la vigencia de dichos certificados.

d) El instructor podrá ser desvinculado del Centro Integral de Atención o del Centro de Enseñanza Automovilística o del Organismo de Tránsito, sin embargo, este registro debe permanecer como historial en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) El instructor podrá trabajar con más de un Centro Integral de Atención, Centro de Enseñanza Automovilística u Organismo de Tránsito autorizados para los cursos de capacitación, siempre y cuando las horas mensuales no se excedan de doscientas cuarenta (240) y no se encuentre registrado para realizar cursos a la misma fecha y hora programada como instructor para realizar cursos sobre normas de tránsito y para cursos sobre capacitación a conductores de manera simultánea.

f) Los instructores podrán ser consultados por los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito autorizados para los cursos de capacitación, indicando su estado.

Artículo 3.6.4.2.3. Procedimiento para el registro de aulas. Este procedimiento consiste en el ingreso de las aulas a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), las cuales se ingresarán conforme al número certificado por el Organismo Evaluador de la conformidad para impartir las capacitaciones a las normas de tránsito, registro que debe ser realizado por este último, para lo cual se deberá:

a) Ingresar los datos de ubicación, identificación y capacidad por sala.

b) Modificar la información de capacidad en caso de ser necesario.

c) Inactivar salas en caso de traslado de dirección o domicilio.

d) Las salas podrán ser consultadas por los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito.

Parágrafo Transitorio. Hasta tanto los Centros Integrales de Atención y los Organismos de Tránsito autorizados para los cursos de capacitación, no cuenten con Certificado de Conformidad emitido por un Organismo Evaluador de la Conformidad acreditado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), con el cual se determine la capacidad física instalada, estos deberán suministrar la información contenida en el presente artículo de manera directa al sistema del Registro Nacional de Tránsito (RUNT).

Artículo 3.6.4.2.4. Procedimiento para el agendamiento de cursos. Este procedimiento consiste en el ingreso a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de todas aquellas condiciones que debe tener un curso para estar preparado para la capacitación a los infractores, registro que debe ser realizado por el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado para los cursos de capacitación, para lo cual se deberá:

a) Ingresar la programación de cursos indicando la sala, la duración mínima de acuerdo con lo establecido por normatividad, tiempo establecido por parámetro en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en un día y hora. En una misma sala no se pueden registrar cursos cuya fecha inicial y fecha final se crucen o intercalen. La programación podrá ser modificada, siempre y cuando no haya ningún asistente registrado.

b) Ingresar el instructor en estado vinculado asociado al Centro Integral de Atención, Centro de Enseñanza Automovilística o al Organismo de Tránsito autorizado para los cursos de capacitación, que será responsable de impartir el curso. El instructor no debe estar vinculado a varios cursos simultáneamente, es decir, en la misma fecha y rango de horas. El instructor asignado al curso podrá ser modificado siempre y cuando este no haya iniciado.

c) Los cursos podrán ser consultados por el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de Tránsito conforme a los cursos agenciados para cada uno.

Artículo 3.6.4.2.5. Procedimiento para el registro de asistentes. Este procedimiento consiste en el ingreso a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) de los posibles asistentes a un curso por parte del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado para los cursos de capacitación, para lo cual se deberá:

a) Validar que el curso NO haya iniciado, es decir si la fecha y hora del registro del asistente se encuentra en la fecha e intervalo de horas del curso iniciado, no se debe permitir el registro de asistentes.

b) El curso debe tener capacidad para registro de asistentes.

c) El ciudadano que va a asistir al curso, debe estar registrado en el Registro Nacional de Personas Naturales o Jurídicas (RNPNJ) del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en estado activo.

d) La infracción de tránsito debe haber sido cargada en el aplicativo del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por infracciones de Tránsito (SIMIT). El sistema validará la correspondencia entre el sujeto infractor y el asistente. En caso de no estar registrado en el aplicativo del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), se deben digitar los datos básicos de la infracción en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), previa validación de que le apliquen los tiempos de imposición y notificación del comparendo, definidos por parámetro ante sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

e) La infracción de tránsito no debe estar registrada en otro curso.

f) Validadas las condiciones anteriores, se debe registrar en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) los posibles asistentes a un curso sobre normas de tránsito. El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) notificará al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) el cumplimiento del requisito del curso para obtener el descuento y para consulta por parte del ciudadano en la página web de este último.

Artículo 3.6.4.2.6. Procedimiento para el registro de ingreso de asistentes e instructores. Este procedimiento consiste en el registro a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) de los asistentes a un curso, lo mismo que del instructor por parte del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de Tránsito autorizado, para lo cual se deberá:

a) Validar que el curso no hubiese iniciado, es decir si la fecha y hora del ingreso del asistente se encuentra en la fecha e intervalo de horas del curso iniciado, no se debe permitir el ingreso de asistentes.

b) Validar que el instructor esté vinculado al curso.

c) Validar que el asistente esté registrado para el curso.

d) El ingreso tanto del instructor como del asistente se registrará mediante el método de validación de identidad que se encuentre autorizado en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), este registro debe realizarse en el intervalo de tiempo parametrizado para tal fin, de realizarse fuera de este intervalo de tiempo, deberá agendarse en un nuevo horario de curso. Sin el registro del instructor no podrá iniciar el curso.

e) El Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito dictará el curso de acuerdo con las temáticas establecidas en el artículo 3.6.2.1., de la presente resolución.

f) Los asistentes a un curso podrán ser consultados por el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística, o el Organismo de Tránsito indicando si ingresaron y terminaron el curso.

Artículo 3.6.4.2.7. Procedimiento para el registro de salida de asistentes e instructores. Este procedimiento consiste en el registro a través del sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), de la salida de los asistentes a un curso, lo mismo que del instructor por parte del Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado, para lo cual se deberá:

a) Rectificar que el tiempo transcurrido entre la validación de identidad al ingreso y la validación de identidad a salida del curso no sea menor a lo establecido conforme al artículo 3.6.2.1. de la presente resolución, tiempo establecido por parámetro en el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

b) El registro de salida debe habilitarse para ser realizado en un periodo máximo establecido por parámetro en sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), después de que se cumpla el tiempo de finalización del curso.

c) El registro de salida del curso de cada uno de los asistentes y del instructor, debe realizarse adelantando nuevamente la validación de identidad mediante el método autorizado por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

d) Los asistentes que tengan registro de ingreso y registro de salida al curso de capacitación sobre normas de tránsito serán reportados por el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) al aplicativo del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) en línea y en tiempo real al momento del registro de salida del asistente.

e) El aplicativo del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) deberá aplicar la reducción de la multa únicamente para los asistentes que el sistema del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) haya reportado conforme al literal anterior.

f) El certificado de asistencia al curso de capacitación sobre normas de tránsito podrá ser descargado en formato PDF a través de la opción de consulta al ciudadano de la página web del Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

Parágrafo. En ningún caso, los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) o los Organismos de Tránsito, deberán reportar la asistencia a cursos sobre normas de tránsito en otro sistema que no sea el del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), reportará en tiempo real la asistencia a los cursos sobre normas de tránsito al Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), una vez, el Centro Integral de Atención, el Centro de Enseñanza Automovilística o el Organismo de Tránsito autorizado, cumpla con el procedimiento establecido en el presente artículo.

El Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), dispondrá dentro de las opciones de consulta al ciudadano, lo relacionado para la revisión de la certificación de asistencia a los cursos sobre normas de tránsito.

Artículo 3.6.4.2.8. Liquidación y el pago del valor de la tarifa RUNT. Los Centros integrales de Atención, Centros de Enseñanza Automovilística u Organismos de Tránsito garantizarán el pago de la tarifa “certificación de cursos de capacitación sobre normas de tránsito para la reducción de multas” al Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) por el registro de cursos realizados por estos mismos sobre normas de tránsito, establecida en la Resolución número 20213040048735 de 2021 del Ministerio de Transporte o aquella que la modifique, adicione o sustituya.

Artículo 3.6.4.2.9. Certificación de Servicios web Service. Los desarrolladores del software de los Centros Integrales de Atención, los Centros de Enseñanza Automovilística y los Organismos de Tránsito que en virtud de lo dispuesto en la sección 4 del capítulo 6 del Título 3 de la presente resolución requieran interconexión vía Servicios web, deben dar cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución número 792 de 2013 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Adicionado Artículo 2 Ley 2222 de 2022. Los cursos a los que se refiere este artículo deberán incluir contenidos de seguridad vial que promuevan el respeto en la vía por los usuarios de la bicicleta.

Artículo 136A. Adicionado Artículo 8 Ley 2251 de 2022. Condiciones Mínimas de Validez de los Cursos sobre Normas de Tránsito y Sanciones por Fraude. Todos los cursos sobre normas de tránsito previstos en el Artículo 136 de este Código para la reducción de la sanción, deberán ser impartidos por los Organismos de Tránsito o Centros Integrales de Atención, y ser especializados según el tipo de vehículo, de licencia de conducción y de infracción, respectivamente.

El infractor a quien se le compruebe que hizo fraude o se benefició de un curso sobre normas de tránsito fraudulento, se hará acreedor a una multa de hasta cien (100) salarios mínimos legales diarios vigentes, y a la suspensión de la licencia de conducción hasta por tres (3) años.

Si la Superintendencia de Transporte a través de su sistema de control y vigilancia (SICOV) detecta indicios de fraude, falsedad o suplantación en la realización de estos cursos determinará  para el infractor o conductor la pérdida del descuento de la multa y compulsará copias a la Fiscalía General de la Nación para lo pertinente. Esto, sin perjuicio del procedimiento sancionatorio que debe adelantar contra el Organismo de Tránsito u Organismo de Apoyo a la autoridad de tránsito que se prestó para dicha conducta.

Artículo 137. Información. En los casos en que la infracción fuere detectada por medios que permitan comprobar la identidad del vehículo o del conductor el comparendo se remitirá a la dirección registrada del último propietario del vehículo.

La actuación se adelantará en la forma prevista en el artículo precedente, con un plazo adicional de seis (6) días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación respectiva, para lo cual deberá disponerse de la prueba de la infracción como anexo necesario del comparendo.²⁹⁸ 

Jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia C-530 de 2003. La Corte Constitucional por medio de la Sentencia C-530 de 2003 decidió: TERCERO. – Declarar EXEQUIBLES los dos primeros incisos del artículo 137 de la Ley 769 de 2002 “Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito terrestre y se dictan otras disposiciones” .

Si no se presentare el citado a rendir sus descargos ni solicitare pruebas que desvirtúen la comisión de la infracción, se registrará la sanción a su cargo en el Registro de Conductores e infractores, en concordancia con lo dispuesto por el presente código.

Parágrafo 1. El respeto al derecho a defensa será materializado y garantizado por los organismos de tránsito, adoptando para uso de sus inculpados y autoridad, herramientas técnicas de comunicación y representación de hechos sucedidos en el tránsito, que se constituyan en medios probatorios, para que en audiencia pública estos permitan sancionar o absolver al inculpado bajo claros principios de oportunidad, transparencia y equidad.

Artículo 138. Comparecencia. El inculpado podrá comparecer por sí mismo, pero si designa apoderado éste deberá ser abogado en ejercicio. El Ministerio Público podrá intervenir en los procesos, de acuerdo con las funciones que le sean propias.

Legislación Complementaria: Decreto Ley 019 de 2012

Articulo 34. Actuación en Sede Administrativa. Excepto cuando se trate de la interposición de recursos, en ninguna otra actuación o trámite administrativo se requerirá actuar mediante abogado. 

Parágrafo. Si resultare involucrado un menor de edad en la actuación contravencional, deberá estar asistido por su representante legal, o por un apoderado designado por éste, o por un defensor de familia.

Artículo 139. Notificación. La notificación de las providencias que se dicten dentro del proceso se hará en estrados.

Comentario del Editor:

Esta norma ha sido excepcionada por el Artículo 26 al disponer que la notificación en los casos de suspensión o cancelación de la licencia de conducción se hará de acuerdo a las normas aplicables del Código Contencioso Administrativo, es decir, deberá procurarse en primer lugar la notificación personal y de no ser posible, deberá hacerse la notificación por edicto.

Artículo 140. Cobro coactivo. Los organismos de tránsito podrán hacer efectivas las multas por razón de las infracciones a este código, a través de la jurisdicción coactiva, con arreglo a lo que sobre ejecuciones fiscales establezca el Código de Procedimiento Civil.

Doctrina Administrativa:

Concepto MT-20231341379631 de 2023. “Una vez en firme el acto administrativo en el que se declara contraventor al imputado de la comisión de la infracción y que impone la respectiva sanción, tal acto, se configura en título ejecutivo con el cual se da inicio al proceso de cobro coactivo y es en este momento donde solo se puede afirmar que aquel ha sido sancionado por la comisión de una infracción a las normas de tránsito.”Concepto MT-20231340623701 de 2023. “En cuanto a si las secretarías de tránsito y movilidad pueden realizar embargos, el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, le otorga a estas entidades públicas la facultad para adelantar el cobro coactivo, incluyendo medidas cautelares como el embargo.

Jurisprudencia:

Corte Constitucional Sentencia C-799 de 2003. Declara inexequiblela expresión “En todo caso será procedente la inmovilización del vehículo o preferiblemente la retención de la licencia de conducción si pasados treinta (30) días de la imposición de la multa, ésta no ha sido debidamente cancelada” contenida en esta disposición.³⁰⁰

Legislación Complementaria: Ley 2027 de 2020

Artículo 2. Parágrafo 1 Inciso 3. Durante el término que dure la amnistía y en adelante, los ciudadanos podrán suscribir acuerdos de pago directamente con los organismos de tránsito, con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) en cualquiera de sus oficinas del territorio nacional o con aquellos entes públicos o privados con los que los organismos de tránsito hayan suscrito o suscriba contratos y convenios con el fin de dar aplicación a los principios de celeridad y eficiencia en el recaudo y cobro de multas. En todo caso, el acuerdo de pago suscrito debe enviársele y reportarse al organismo de tránsito correspondiente en un término no mayor a tres días para los efectos pertinentes.

Los organismos de tránsito, en coordinación con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT), podrán realizar cobros persuasivos y/o acuerdos de pago para coadyuvar a la recuperación y recaudo de la cartera de las infracciones de tránsito en todo el territorio nacional sin costo alguno.

Legislación Complementaria: Ley 1437 de 2011.

Artículo 98. Deber de recaudo y prerrogativa del cobro coactivo. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

Artículo 141. En aquellos municipios ribereños o conurbados cuyos cascos urbanos se encuentren separados por un río y unidos por un puente, podrá prestarse el servicio público de transporte terrestre automotor individual de pasajeros entre ellos, en zona urbana o rural, por los vehículos automotores que cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes expedidos por las autoridades de tránsito de los municipios involucrados; únicamente para los viajes que tengan origen en el municipio donde esté matriculado el vehículo.